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"La Ley del Suelo entrega el territorio y el medio ambiente a los intereses especulativos"

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, advierte de que la herencia de la "política de la desregulación" de esta propuesta "hipotecará el futuro de las próximas generaciones de canarios"

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Pedro Quevedo y Román Rodríguez

Pedro Quevedo y Román Rodríguez EFE|ELVIRA URQUIJO A.

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, advirtió este viernes de que el anteproyecto de Ley del Suelo impulsado por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, “entrega” el territorio y el medio ambiente de las islas “a los intereses especulativos” de la coyuntura económica.

En un comunicado difundido este jueves, Rodríguez avisó que la herencia de "la política de la desregulación" de esta propuesta legislativa "hipotecará el futuro de las próximas generaciones de canarios". El dirigente nacionalista aseguró que es "una amenaza para el proyecto común de Canarias" y que los ayuntamientos asumirán, en solitario, todas las competencias y todas las consecuencias negativas de esta norma. “Con argumentos simplistas, como la mayoría de edad, se da todo el poder a las corporaciones municipales, como no existe en ninguna otra comunidad del Estado y para el que la mayoría no están preparadas desde el punto de vista técnico, jurídico y patrimonial”, indicó Román Rodríguez.

En la primera de las conferencias sobre las claves de la futura ley del suelo ofrecida este jueves por Rodríguez en Las Palmas de Gran Canaria, Nueva Canarias abrió el proceso de debate ciudadano sobre las alarmas encendidas con esta iniciativa legislativa gubernamental. El presidente de NC compartió la “necesidad” de la simplificación administrativa pero “no que, con ello, se desmantelen” las competencias del Gobierno de Canarias, “se limiten” las de los cabildos y “se supriman” los  controles de la legalidad ejercidos por la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

Rodríguez rechazó el “modelo desarrollista y el desprecio al interés general” de este anteproyecto de ley que “tanto daño nos hizo en el pasado.” Para NC, supone una “entrega, sin condiciones,” del territorio y el medio ambiente de las islas “a los intereses especulativos” de la coyuntura económica.

Tras denunciar el “nulo” interés por generar un debate social y la “ausencia total” de un análisis compartido de la situación territorial, urbanística, medioambiental y turística sobre la que se pretende incidir. El dirigente nacionalista reconoció algunos elementos positivos como la unificación de las leyes, el principio de la compensación por conservar y la flexibilización de los plazos de adaptación de los planes.

Se presenta, “de forma claramente maquillada,” como una ley que acabará con la burocracia, los litigios judiciales y la judicialización pero “ninguna” de estas afirmaciones se sostiene, según este portavoz. “Lo único claro es que aumentará la desregulación, la discrecionalidad en las decisiones y se facilitará el mercadeo”. En la práctica, continuó, se podrán crear 95 órganos ambientales (de los 88 ayuntamientos y los siete cabildos). 

Rodríguez llamó la atención, en especial, sobre la posibilidad abierta para que, en el suelo rústico, se haga cualquier tipo de proyecto (deportivos, ocio, turísticos, científicos, docentes y divulgativos) y, excepcionalmente, también se añaden los usos residenciales, industriales, de equipamientos y servicios. Además de que se flexibiliza la delimitación de  los asentamientos rurales, lo que permite su conversión en núcleos urbanos y un mayor consumo del territorio por los servicios complementarios necesarios.

Nueva Canarias cree que, por las implicaciones de la que será una de las leyes más importantes de esta legislatura, el Gobierno de Clavijo debe “parar, abrir un debate riguroso, participativo y, como ocurrió con las leyes anteriores en esta materia, promover el máximo consenso social y político.”

Román Rodríguez propuso además que se incorpore al debate el anteproyecto de reforma de la ley turística, que elimina cualquier tipo de restricción a la construcción turística sobre suelo calificado. 

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