Seis fuerzas extraparlamentarias explicarán en la Cámara regional sus propuestas de reforma electoral

El diputado del grupo Nacionalista Canario y presidente de la comisión sobre la Reforma Electoral, Antonio Castro, junto a las diputadas del Partido Popular y Partido Socialista Canario, Águeda Montelongo y Ventura del Carmen Rodríguez, respectivamente. EFE/Ramón de la Rocha

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

Ciudadanos (C's), Unidos Por Gran Canaria (UxGC), el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Izquierda Unida Canaria (IUC), el Centro Canario Nacionalista (CCN) y el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) serán las fuerzas políticas extraparlamentarias que comparecerán en la Comisión para la reforma de la Ley Electoral. A ellas, y como ya se había aprobado antes del verano, se unirá la plataforma social Demócratas por el Cambio.

Eso sí, las comparecencias no tienen ni fecha ni calendario, pese a los reiterados intentos para que ambas cuestiones quedaran aclaradas por parte los portavoces de los grupos Popular y Nueva Canarias (NC), Australia Navarro y Román Rodríguez, respectivamente.

La decisión de que sean estos partidos, y no otros, se ha adoptado tras repasar una laberíntica relación de las fuerzas políticas “aún activas” que, desde 1983, obtuvieron un porcentaje superior al 3% de votos regionales  o el 15% en el ámbito insular y que, pese a ello, no obtuvieron representación en el Parlamento.

Asimismo, y a propuesta de Noemí Santana (Podemos), se incluyó al PCPC como escisión del Partido Comunista de España (PCE) que, desde 1983, se ha presentado en solitario a los comicios autonómicos. Además, pese a que ni el PIL ni el CCN concurrieron en 2015, si lo hicieron en anteriores elecciones, solos o en coalición con CC y NC, motivo por el que también se ha dado el visto bueno a su comparecencia.

Esa es la conclusión a la que se ha llegado en la primera reunión de la Comisión que, con un mes de retraso sobre el calendario previsto, se ha reunido en la Cámara regional para iniciar los trabajos tendentes a modificar la legislación electoral, si bien aunque todos los portavoces consideraron necesario “ponernos manos a la obra”, aún se desconoce cuando ni quienes serán los primeros partidos políticos en comparecer para explicar los cambios que proponen a una legislación mayoritariamente considerada injusta y poco democrática.

Pese a que Navarro y Rodríguez insistieron en que hoy se aprobara el calendario de reuniones y que los grupos propusieran a los expertos en legislación electoral que comparecerán tras la ronda de extraparlamentarios, lo cierto es que el presidente de la Comisión, el nacionalista Antonio Castro, dejó al albur de cada una de las fuerzas políticas citadas la decisión de cuando les conviene comparecer y quienes serán sus representantes. Asimismo, y a propuesta de José Miguel Ruano (CC) e Ignacio Álvaro Lavandera (PSOE), se pidió un plazo de entre una semana y un mes para que los grupos propusieran a sus expertos, pero tampoco se llegó a concretar la fecha concreta.

Sensación de no avanzar

“Tenemos la sensación de que no se avanza en los trabajos y seguimos dilatando los tiempos”, aseguró la portavoz de los conservadores, que se unió a la propuesta del líder de NC para reunirse “dos veces al mes, en semanas alternas, y con dos comparecientes en cada sesión”.

Y es que, pese a lo expresado por el socialista Lavandera, en el sentido de que “en diciembre habremos concluido las comparecencias de los partidos extraparlamentarios y en el primer semestre habrán comparecido todos los expertos, con lo que estaremos en disposición de tener conclusiones de una Comisión que ha levantado gran expectación”, lo cierto es que el calendario parlamentario se complica con la entrada de los Presupuestos de Canarias para 2017 el próximo 31 de octubre, dejando cada vez menos días para insertar las reuniones de la Comisión electoral.

“Si llaman a Ciudadanos y Unidos Por Gran Canaria, vienen mañana mismo”, decía sin éxito Rodríguez para intentar agilizar el proceso, que Castro quiere que se haga de la forma más institucional posible para que sean los letrados del Parlamento quienes contacten con los representantes legales de los distintos partidos y que éstos designen cuando y quien comparecerán en la Cámara regional.

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