Reclama que se le devuelva una prestación por discapacidad sin la que no puede continuar su carrera
Cuando la joven majorera Saray Rodríguez decidió en el año 2009 iniciar la carrera de Arquitectura, el Gobierno de Canarias le concedió una prestación para que pudiera trasladarse de su isla a Gran Canaria y contar con personal auxiliar que la atendiera las 24 horas del día, ya que tiene una discapacidad del 92% y su caso ha sido reconocido como grave dependiente. Sin embargo, este curso, con la carrera ya avanzada, la joven ha dejado de recibir esta ayuda y no ha podido ir a clase.
La estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) señala que el Ejecutivo regional pagaba a una empresa que ponía a su disposición personal que la atendiera, ya que precisa de ayuda para ir a clase y para las actividades cotidianas, incluso por la noche.
La joven de 24 años no comprende que después de tres cursos sacando adelante su carrera, le denieguen esta prestación sin la que no le es posible ir a la Universidad. Saray Rodríguez insiste en que, aparte de esta ayuda, recibía una beca, como cualquier estudiante que cumpla con los requisitos, por sus notas y su trabajo diario, ya que “yo me pago la matrícula y la estancia como cualquier otro alumno”, aclara. Y es que, lo que la estudiante quiere es poder ejercer su derecho a continuar sus estudios con las mismas oportunidades.
Saray Rodriguez explica que si el Gobierno canario le hubiera dicho desde un principio que esto iba a pasar o que no era posible que se desplazara de isla para estudiar, la joven no se habría planteado iniciar Arquitectura. Además, señala que estaba ilusionada con una plaza que le habían dado para irse el año que viene de Erasmus a Polonia y que va a rechazar porque no va a poder contar con esta ayuda. No
Además, la joven puntualiza que por su situación, varias personas habían accedido a un puesto de trabajo, como auxiliares de ayuda a la dependencia y se han quedado sin empleo.
Saray está muy agradecida por la prestación que ha recibido estos años y recuerda que tuvo que luchar y moverse mucho para que se la concediera, pero se encuentra desesperanzada con el hecho de que no pueda ver cumplir su sueño y acabar el grado.
Asegura que administrativamente ya ha seguido todos los pasos y que incluso ha hablado con diversas personalidades políticas pero, hasta ahora, no ha visto resultado más que, según explica, una contestación verbal en la que el Ejecutivo manifiesta que no pueden continuar otorgándole esa ayuda.
Por su parte, el Gobierno de Canarias señala que sí que conoce el caso y que lo que han hecho es revisarlo y adaptarlo a lo que se enmarca en la Ley. La directora de Políticas Sociales, Alicia Álvarez, aclara que la Dependencia sufrió recortes importantes hace dos años y que le gustaría que fuera más amplia.
Álvarez puntualiza que se le ha concedido la prestación que recoge la normativa y que otras ayudas que haya recibido anteriormente “estarían recogidas en otro contexto”. En este sentido, insiste en que le gustaría que hubieran medidas “excepcionales” y poder ayudarla, pero, por lo pronto, tienen que “aplicar la ley”.
La directora indica que estarán dispuestos a colaborar con la ULPGC en lo que esté en su mano. Su objetivo es seguir incorporando a personas en estas ayudas a la dependencia, aclara, a pesar de que es consciente de que esa ley debe mejorar.
La estudiante Saray Rodríguez, sin embargo, niega que actualmente esté recibiendo prestación alguna que le permita cubrir con las atenciones que precisa y poder continuar en la Universidad.
