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Ley del Suelo: cuestión de lenguaje (y de estilo)

Clavijo presenta personalmente el borrador de la nueva norma territorial, sin habérsela presentado previamente al PSOE y escondiendo en pliegues lingüísticos su verdadera intención

División entre los socialistas: algunos parlamentarios ya andan diciendo que no votarán esa ley

Coalición Canaria vuelve a dejar sola a Ana Oramas, que rompe el pacto con el PSOE que ella misma había proclamado con euforia el viernes

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Borrador de la Ley del Suelo de Canarias.

Borrador de la Ley del Suelo de Canarias.

 “Simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica a la toma de decisiones en materia de ordenación del territorio”. Ésas son las cualidades principales que, al parecer, atesora la nueva Ley del Suelo de Canarias, cuyo borrador fue dado a conocer este mismo lunes al Consejo de Gobierno –no sabemos en qué formato- y a la opinión pública en powerpoint. La nueva norma es, por lo que cuentan los resúmenes enviados a la prensa por los servicios correspondientes de Presidencia, lo previsto: desmantelar los mecanismos de control legal hasta ahora en vigor, verbigracia la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y residenciar en los ayuntamientos y en los cabildos la aprobación de los planes generales y de los planes insulares, respectivamente. Es decir, barra libre a los concejales de Urbanismo y a los consejeros de Política Territorial. Pero lo dice con mucha finura el Gobierno: “Revisión de los procedimientos en función de las competencias atribuidas a cada administración en materia territorial y urbanística”, mientras que “las administraciones afectadas (sic) intervendrán en el proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia”. Es decir, que Costas, Agricultura o Defensa, por poner tres ejemplos tontos, podrán intervenir cuando lo que se ordena les pueda afectar. “Este procedimiento monofásico”, continuamos con las explicaciones, “pretende armonizar los principios de eficacia administrativa, agilidad y seguridad jurídica”. Es decir, que los promotores tengan las licencias antes y sin tanto control jurídico-administrativo, lo que paradójicamente habrá de proporcionar más “seguridad jurídica”. Tócate un pie. Eso sí, por radio Macuto hemos sabido que Clavijo tendrá el detallazo de no cargarse la Cotmac, más que nada para evitar el aluvión de críticas. Pero, atención, sus decisiones serán vinculantes sólo “en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma”. Gloriosa tomadura de pelo.

 

 

Más filigranas lingüísticas

“Sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no dé respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público”. Precioso, oye. ¿Y quién decide cuáles, cuántas y en qué forma se presentan esas necesidades? ¿Lo deciden los ayuntamientos? ¿Qué es interés público? El Gobierno llama “vías de escape” las soluciones adoptadas hasta el momento para sortear la evidente maraña legislativa y los interminables trámites que han de soportar los promotores. Es verdad: se refieren Clavijo y los suyos al comité de inversiones estratégicas, una idea coyuntural destinada a desbloquear proyectos importantes en el que se han colado algunos forros de cuidado. Pero la solución para las vías de escape parecer ser una ley que hace tabla rasa. Eso sí, “no se tocan los espacios naturales protegidos”, menuda excusa no pedida. Hasta bueno estaría. Y se adorna mucho más: “Los principios de la reforma atienden pues al desarrollo sostenible (sic), como objetivo en todas sus nuevas dimensiones: movilidad, eficiencia energética (sic), conservación del paisaje (sic) y lucha contra el cambio climático”, seguramente a través de la oficina que la consejera Barreto anunció para diciembre y todavía sigue sin crearse. Pero se “promueve la contención en el consumo de suelo rústico” y se mantiene “la práctica prohibición de clasificar nuevos suelos turísticos”, dos eufemismos que en realidad esconden que ambas cosas pueden revisarse. Algo que, evidentemente, demuestra la la nueva Ley Turística que la patronal tinerfeña Ashotel le ha impuesto al alcalde-presidente de Canarias y que permite, prácticamente, darle a la hormigonera sin tino como en los peores años del desarrollismo turístico canario. Lo veremos este mismo martes en el plano del Parlamento.

 

El PSOE tiene un problema

Se veía venir. El oscurantismo que ha rodeado este borrador de proyecto de ley, redactado por un equipo de notables de más que discutible elección, su presentación pública sin un debate previo en el seno del pacto de Gobierno, han colocado a la vicepresidenta del Gobierno, la socialista Patricia Hernández, en una situación bastante complicada. El PSOE se lo ha comido en las alta esferas pero podría tropezarse con una rebelión en el mismísimo grupo parlamentario que, aún este mismo lunes, no conocía más que el powerpoint con el que Clavijo obsequió a la ciudadanía en un gesto magnánimo de transparencia. Algunos diputados socialistas no escondían su cabreo y hasta llegaban a anunciar que no votarían a favor de un documento así, no sólo por su contenido, más que discutible, sino por la tramitación que hasta ahora ha llevado. Lo vienen avisando desde que se conocieron las intenciones del presidente y de su auténtico consejero de turismo, Jorge Marichal, presidente de la poderosa patronal turística tinerfeña, Ashotel, y reforzaron su rechazo al conocer la composición del comité de sabios que teóricamente ha dado aspecto de texto legal a esta ley. No está en los documentos del pacto de Gobierno, no se ha discutido en ninguna comisión de seguimiento ni se ha debatido entre los grupos parlamentarios. La impone el presidente y todo el mundo a comérsela. ¡Ar!

 

Ana Oramas vuelve a romper con el PSOE

José Miguel Barragán volvió a dejar sola a Ana Oramas y la diputada de CC volvió a romper con el PSOE, el mismo partido con el que cerró eufórica el pasado viernes un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. La mañana de este lunes, en Radio Club Tenerife, Oramas se echó el mundo por montera y quebró los mismos titulares que ella misma presentó junto a Barragán en la sala de prensa del Congreso de los Diputados: el PSOE había aceptado la “agenda canaria” y se había comprometido con ella y los demás contertulios que la acompañaron a “no cargarse los cabildos” (¿en serio?) y a anclar las peculiaridades canarias en la Constitución y en donde haga falta con tal de contar con su voto en una imposible investidura del socialista con el respaldo de Ciudadanos. Es cierto lo que dice la señora diputada de que ella nunca jamás dijo que había acordado un voto positivo, pero el dichoso lenguaje dual de muchos políticos invita a los periodistas a interpretar lo que dicen sin que, en el largo lapso entre el viernes y el lunes, ningún vocero hubiera negado la mayor. Es más, releyendo el sutil comunicado lanzado por Barragán al término del comité ejecutivo de CC del pasado sábado, no se da a entender nada parecido al mentís de Oramas de este lunes. La reacción más parece responder a la necesidad de CC de no quedar en terreno de nadie ante la confusión generada en el Congreso ayer al reunirse el PSOE simultáneamente con Podemos y con Ciudadanos, exigiendo a los primeros que se abstengan y dejen a Sánchez solo ante el peligro, y prometiendo a los segundos que no dejará que Pablo Iglesias pise la moqueta de La Moncloa más días que el del cóctel de Navidad.

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