Catalá: Ley contra fraude fiscal intensifica repudio a estos comportamientos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la nueva ley contra el fraude fiscal es un paso más para intensificar “el control, el repudio y el rechazo social” a este tipo de comportamientos.

En Ávila, donde ha celebrado una reunión con los operadores jurídicos, el ministro de Justicia ha señalado que la reforma responde al “compromiso” del Gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción, ha indicado en respuesta a preguntas de los periodistas.

Pese a que la denominada Ley Montoro ha tenido que ser aprobada con el voto de calidad del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el ministro ha considerado que “está dentro de las reglas del juego”, ya que algunos vocales han considerado que había que “fortalecer algunos elementos de garantía y seguridad”.

No obstante, Catalá ha afirmado que todas las reformas que está llevando a cabo el Gobierno “siempre intentan conseguir un equilibrio entre las garantías y los derechos”, pero también “la eficacia y el buen funcionamiento de los servicios públicos”.

El titular de Justicia ha destacado la labor de “seguimiento y estudio” que tiene que hacer el CGPJ a proyectos como la reforma de la Ley General Tributaria y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para poder hacer públicas las sentencias que condenen a personas que han cometido algún fraude fiscal de una determinada relevancia.

A su juicio, mediante la publicación de las sentencias de los que defraudan y no pagan sus impuestos, se ayuda a intensificar “el control, el repudio y el rechazo social” hacia este tipo de comportamientos.

Con el informe favorable del CGPJ, según Catalá, se da un paso más en la tramitación de la ley, ha añadido.

Por otra parte, el ministro se ha referido a la constitución, hoy en Madrid, de una comisión central destinada a abordar la denominada “justicia sin papeles”, por la que, a partir del 1 de enero de 2016, todas las comunicaciones entre los profesionales y la administración de Justicia sean telemáticas, a través del correo electrónico y para lo que ha planteado a los profesionales su “colaboración”.

Asimismo, Catalá se ha referido a las principales reformas que está abordando el Gobierno en la etapa final de la legislatura, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en el Congreso de los Diputados y pretende agilizar los tiempos de la justicia penal y los plazos de instrucción, además de “mejorar” las capacidades tecnológicas de la investigación de jueces y fiscales.

Igualmente, en plazo de enmiendas en el Congreso está la Ley Orgánica del Poder Judicial, destinada a que los tiempos de respuesta de la Justicia sean “más cercanos” al ciudadano y, por lo tanto, “agilizar” los procesos.