FAO: el nuevo tratado incluye la inspección de contenedores ligados a la pesca ilegal

El nuevo tratado internacional contra la pesca ilegal obliga a los países firmantes a inspeccionar los barcos pesqueros y contenedores de pescado o denegarles la entrada en puerto si sospechan que están involucrados en esa actividad, señaló hoy la FAO.

Alrededor de sesenta países, incluidos los de la Unión Europea (UE), se han sumado por el momento al llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, en vigor desde el pasado 5 de junio y considerado uno de los instrumentos destinados a evitar esa práctica ilícita.

El director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, señaló en una rueda de prensa que el tratado servirá para perseguir la pesca ilegal y otros delitos que se cometan en los barcos pesqueros como el tráfico de personas o el trabajo forzado.

Según el especialista de esa agencia Matthew Camilleri, el tratado solo contempla los barcos de pesca o relacionados con actividades pesqueras como los contenedores.

“No importa si están involucrados en la pesca ilegal u otros delitos. En algún momento tendrán que ir a un puerto y usar sus servicios, y no podrán hacerlo si se piensa que llevan pescado capturado ilegalmente”, dijo Camilleri.

Otro experto de la FAO, Blaise Kuemlangan, precisó que los países que integran el acuerdo están obligados a inspeccionar los barcos que contengan pescado que haya sido envasado en el mar sin ser descargado antes en tierra.

Existen grandes buques extranjeros que, tras pescar en las costas de países en desarrollo, transfieren en alta mar la mercancía a contenedores, los cuales pasan por controles más laxos en otras partes.

Estas prácticas han sido denunciadas por el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI, por sus siglas en inglés), con sede en Londres, que tras una reciente investigación concluyó que la mayoría del cargamento que llega a los mercados de la UE sale de las costas africanas en contenedores refrigerados, un tipo de transporte no contemplado por la normativa comunitaria sobre pesca ilegal.

Da Silva agregó que las partes del nuevo tratado tienen previsto reunirse cada cuatro años para informar de las medidas tomadas para implementar el pacto, lo que se espera que refuerce los controles, la cooperación entre ellos y el intercambio de información.

Los países en desarrollo, que podrán recibir asistencia técnica para mejorar sus capacidades, están exentos de cumplir ciertas obligaciones cuando el pescado adicional se destine a la subsistencia de su población, detalló Kuemlangan.

El experto explicó, además, que aunque el tratado se aplique solo a los buques extranjeros, para los que deberán designarse puertos específicos, rige el principio de “no discriminación”, por el que se anima a aplicar esos mismos estándares a los barcos nacionales que operen en las aguas territoriales de su país.

Se calcula que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada puede llegar a mover cada año hasta 26 millones de toneladas y 23.000 millones de dólares (unos 20.600 millones de euros).