El Tribunal de Cuentas ve un nivel “bajo” en la rendición de cuentas del Estado

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha advertido este jueves de que el nivel de rendición de cuentas de la Administración es todavía “bajo” y ha instado al sector público a presentar su contabilidad en los plazos previstos.

Álvarez de Miranda ha comparecido en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en el Congreso para presentar la Cuenta General del Estado de 2014, que por primera vez se presenta como una única cuenta consolidada.

Según este informe, de las 344 entidades que han presentado sus cuentas, 82 lo hicieron fuera de plazo, aunque el Tribunal de Cuentas resalta que de las 396 entidades que formaban parte del sector público estatal, se han integrado las cuentas del 96,5 %.

El presidente de la entidad ha señalado, que aunque la situación de incumplimiento es mejor que en años precedentes todavía tiene un nivel “bajo” y en el caso de la administración local no llega al 97 %.

Ha recordado que las confederaciones hidrográficas han acumulado un “alto protagonismo en la falta de rendición de cuentas” y ha advertido de que “tomaremos buena nota para verificar las razones”.

También se ha referido a la diferencia de criterio con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que debería haber integrado en su cuenta la de la Corporación de Radio y Televisión Española, puesto que poseía en 2014 el 87,99 % de las acciones.

Al respecto, ha dicho que “seguramente” la SEPI no ha querido consolidar porque supone “algún efecto económico importante” por lo que ha apuntado que “tendría el responsable correspondiente que ofrecer explicaciones”.

No obstante, ha indicado que las cuentas de RTVE están reflejadas en al cuenta general del Estado y no hay falta de información.

El presidente del Tribunal de Cuentas también ha advertido de que la Tesorería de la Seguridad Social “debía haber ya regularizado” el inmovilizado material que posee y que incluye el valor de los inmuebles transferidos a las Comunidades Autónomas y los adscritos a las denominadas Fundaciones Hospital, por 3.826 millones de euros.

Asimismo, añade que la Tesorería General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras, el Servicio Público de Empleo y el Fondo de Garantía Salarial, “incumplieron el principio de prudencia en el cálculo del deterioro de las deudas por cotizaciones sociales aplazadas”, y que el Tribunal de Cuentas cree que asciende a 186 millones de euros.

Álvarez de Miranda ha pedido a las Cortes medidas con el fin de acortar los plazos para que el sector público presente sus cuentas a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En el informe sobre 2014 se indica, respecto a la liquidación de los presupuestos, que la diferencia entre los créditos iniciales y las previsiones iniciales consolidadas fue de 141.292 millones de euros y los expedientes de modificaciones de crédito supusieron una variación neta de 24.329 millones de euros, que posteriormente quedó reducida a 19.326 millones.

Por otra parte, las obligaciones reconocidas netas consolidadas ascendieron a 417.761 millones de euros y a cierre de 2014 quedaron pendientes de reconocerse otros 648 millones de euros, “lo que supone el incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria”.