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¿Cómo va a afectar la futura Ley de Unidad de Mercado?

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Rajoy, Cañete, Guindos, Soria, Morenés y Báñez tienen un patrimonio superior al millón de euros

El Consejo de Ministrs aprueba la Ley de Unidad de Mercado

Es uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy, que desde hace meses habla de la elaboración de una nueva Ley de Unidad de Mercado con la que poner fin a las trabas que empresas y profesionales autónomos encuentran a la hora de operar en varias Comunidades Autónomas y mejorar la competitividad del país. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, vistió de gala el anteproyecto. En su opinión va a permitir, de una vez por todas, la libertad de circulación de mercancías y de prestación de servicios en las 17 comunidades.

Es decir, replicar, a menor escala, una de las libertades fundamentales de la Unión Europea, eliminando las restricciones a la libre circulación de bienes y servicios. Con ello, según el Ejecutivo, el Producto Interior Bruto (PIB) puede aumentar alrededor de un 0,15% adicional al año (durante los 10 años siguientes a la aprobación de la ley), lo que aportaría a la economía nacional alrededor de 1.500 millones de euros anuales. Sin embargo, el proceso no va a ser tan rápido y requiere la buena voluntad y la coordinación de las Comunidades Autónomas a través de un órgano de nueva creación, el Consejo para la Unidad de Mercado.

¿Cuándo va a estar en vigor la nueva ley de Unidad de Mercado?

No lo hará, como mínimo, hasta dentro de cinco o seis meses. El Ministerio de Economía reconocía ayer que ese periodo de gestación constituye un “plazo razonable”. No es un proceso rápido, dado que a partir de ahora tiene que ponerse en marcha toda la tramitación parlamentaria. Además, antes de que el proyecto definitivo vaya a las Cortes, todas las partes implicadas en la nueva regulación, desde las corporaciones locales hasta las organizaciones de consumidores, pasando por las asociaciones empresariales, podrán presentar alegaciones al texto. Con ellas, el Consejo de Ministros elaborará el proyecto de Ley definitivo. “A nosotros nos gustaría que el proceso fuese lo más rápido posible”, aseguraban ayer fuentes del Ministerio encabezado por Luis de Guindos.

¿A quién pretende beneficiar la nueva ley?

El objetivo es que, fundamentalmente, empresas y autónomos tengan menos trabas a la hora de operar en una u otra Comunidad Autónoma, una de las reivindicaciones más recalcadas en los últimos años por las organizaciones empresariales. Eso sí, la nueva ley pretende lograrlo sin recortar ni restringir la capacidad normativa de éstas y sin derogar ninguna ley en vigor.

Así, un producto podrá comercializarse en las 17 comunidades sin tener que incluir especificaciones técnicas y etiquetados diferentes para cada una de ellas. O, por ejemplo, un profesional autónomo que opere con licencia no tendrá que solicitar otra autorización administrativa si quiere trabajar más allá de su comunidad de origen ni tendrá que figurar en diferentes registros públicos. Para ello, es imprescindible que se cumpla “el principio de confianza mutua”: lo requisitos que imponga una Comunidad tienen que ser suficientes para el resto.

Otra de las trabas que se pretende eliminar es la cláusula que, en ocasiones, se impone en los concursos públicos, por la que se obliga a una empresa que quiera participar en el mismo a tener su sede social en la comunidad en cuestión. De nuevo, las Administraciones autonómicas tendrán que fiarse unas de otras.

Si soy, por ejemplo, fontanero o electricista, ¿podré trabajar en otra Comunidad Autónoma sin tener que pedir otra autorización administrativa?

Sí, ése es uno de los objetivos de la futura ley. Si un profesional tiene una licencia de una Comunidad Autónoma y cumple todos los requisitos que marca ésta, podrá operar en todo el territorio nacional. No tendrá que pedir nuevas licencias. Pero el proceso no va a ser tan rápido porque uno de los requisitos que marca el texto conocido ayer es la integración de los registros autonómicos en una base de datos común, que permitirá el intercambio de información entre Administraciones. Es decir, y según un ejemplo del Ministerio de Economía, un fontanero de Guadalajara podrá ejercer en Madrid, pero esta Comunidad tiene que tener acceso a los registros de la provincia vecina para saber que el fontanero en cuestión cumple con todos los procesos administrativos.

Si necesito conseguir una nueva licencia, ¿puedo ir a la Comunidad Autónoma donde los requisitos sean menos exigentes?

Sí, aunque ése no sea el objetivo de la nueva ley, sí puede ser uno de sus efectos colaterales. No habrá ningún impedimento para solicitar las preceptivas autorizaciones allí donde se considere más sencillo, más fácil o más rápido siempre que se cumplan todos los requisitos. Sin embargo, el Ministerio de Luis de Guindo no cree que eso vaya a pasar. Entienden que, si el Mercado Común europeo no ha supuesto una “competición a la baja” en los estándares, tampoco lo será en el mercado común autonómico que ahora se trata de poner en marcha. Además, creen que “ninguna Comunidad va a establecer normas tan laxas que no protejan a sus propios ciudadanos”, aseguraban ayer fuentes del Ministerio.

Si vendo productos en varias comunidades autónomas, ¿qué va a pasar con el etiquetado? ¿Tendré que hacer etiquetados específicos para, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco?

Es uno de los temas más polémicos ya que, en un principio, se especuló con que la nueva ley iba a suponer la eliminación de las obligaciones de etiquetado en lenguas cooficiales. Pero no es así. El texto que ayer se vio en el Consejo de Ministros no entra en la regulación autonómica. Es decir, si una Comunidad establece que los productos que se vendan en ella tienen que estar etiquetados en su lengua cooficial, este requisito seguirá siendo obligatorio. Sin embargo, el Ejecutivo recalca que el castellano es la única lengua en la que obligatoriamente tiene que estar el etiquetado de un producto que se comercialice en España. Así se exige desde Bruselas y, consideran, no hay nada más que regular al respecto.

Entonces, si puedo trabajar con mi licencia en otra  Comunidad, ¿tengo que adaptarme a su regulación y cumplir la normativa de ésta?

Sí, las regulaciones autonómicas se mantienen y habrá que seguir cumpliéndolas. El Gobierno recalca que la nueva ley “no entra en la capacidad normativas de las comunidades y, en ningún caso, trata de recentralizar competencias”. Ahora bien, el Ejecutivo también aclara que sí tiene competencia para legislar en beneficio de la Unidad de Mercado. La ley tampoco supondrá una rebaja de ingresos y tasas autonómicas.

¿Entonces van a cambiar las regulaciones actuales?

No, al menos, por el momento. Las regulaciones autonómicas van a seguir en vigor y para ejercer cualquier tipo de actividad se tendrán que cumplir todos los requisitos marcados por éstas. El Ministerio de Economía subrayó ayer que la futura legislación será, fundamentalmente, “el mecanismo que se necesitaba para que la regulación autonómica sea compatible con la Unidad de Mercado”. Por ello, todas las Administraciones públicas tendrán que coordinarse para evitar las distorsiones que impidan ese objetivo.

En cuanto a las regulaciones autonómicas sobre esta materia que se pongan en marcha a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, el Ministerio advierte que éstas tendrán que cumplir los “principios de buenas prácticas regulatorias”. Es decir, justificar que la nueva legislación es necesaria, que ésta sea lo más simple posible y que cumpla los principios de proporcionalidad y mínima distorsión. “Que la nueva normativa sea clara, sencilla y transparente”.

Además, cuando se exija una autorización administrativa para ejercer una actividad económica, ésta debe estar justificada por causas muy concretas, como razones de orden y salud pública, o el respeto al patrimonio y al medio ambiente. Pero sin imponer requisitos económicos que impidan el libre movimiento entre comunidades.

¿Y cómo van a arreglar las Comunidades sus diferencias?

Éste es uno de los cambios esenciales de la ley, ya que conlleva la creación de un nuevo organismo: el Consejo para la Unidad de Mercado. Estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Publicas y en él estarán presentes los consejeros del ramo de las comunidades. Será en este organismo donde se diriman las diferencias y se traten de buscar soluciones consensuadas, lo que puede dificultar la búsqueda de resultados rápidos. Además, si una Comunidad pone en marcha una regulación que afecte a la Unidad de Mercado, tendrá que comunicárselo al resto de Administraciones para que conozcan qué impacto puede tener en ellas.

¿Qué pasa si mi Comunidad Autónoma tiene una regulación que, en mi opinión, va en contra de la Unidad de Mercado?

Si una empresa o un profesional  entienden que una Comunidad Autónoma tiene una regulación que impide o limita la Unidad de Mercado, tendrá que acudir, en primer lugar, a una “ventanilla única” donde la Administración en cuestión deberá dar una respuesta a favor o en contra del afectado. “Lo ideal será que haya pocas quejas porque el Consejo para la Unidad de Mercado va a tratar de eliminar esas trabas”, aseguraban ayer fuentes de Economía.

Si la respuesta no satisface al reclamante, éste podrá acudir a la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el órgano con el que el Ejecutivo pretende unificar los actuales reguladores. Este organismo tendrá un plazo de cinco días para aceptar o rechazar la solicitud. Si la admite, tendrá que interponer recurso ante la autoridad judicial competente, lo que significaría la suspensión de la normativa recurrida, de manera similar a lo que actualmente ocurre en el Tribunal Constitucional. Es decir, suspenderá la norma en cuestión hasta que los Tribunales resuelvan sobre el fondo del asunto.

Entonces, como empresa, ¿ahorraré en personal dedicado a actividades administrativas?

Según el Gobierno sí, pero tampoco mucho.  Según sus cálculos, si los gastos administrativos para la creación de una empresa convergen a la baja, la reducción de estas cargas será de un 35% aproximadamente. Pero el propio Ejecutivo admite que este recorte sólo se traducirá en que dos de cada 100 trabajadores dedicados a la gestión administrativa podrán dedicarse a otro tipo de actividades más productivas.

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