Un alto cargo chino pide a la responsable de Microsoft que comparta su tecnología

Liu Yunshan, jefe de propaganda del Partido Comunista chino (PCCh), pidió hoy a Microsoft que comparta su tecnología con China en un encuentro con el consejero delegado de la compañía, Satya Nadella, poco después de que Pekín aprobara una polémica ley de ciberseguridad.

Liu, uno de los siete miembros del Comité Permanente del PCCh (el organismo de mayor poder en el país), mantuvo hoy una reunión con Nadella en Pekín y en el encuentro pidió a EEUU que trabaje con la segunda economía mundial en temas de ciberseguridad de “manera abierta e inclusiva”, informa la agencia oficial Xinhua.

Sus comentarios se producen poco después de que el Parlamento chino aprobara una ley de ciberseguridad que da más control al Gobierno sobre el flujo de información y equipos tecnológicos, lo que ha generado preocupación entre las compañías extranjeras.

En la reunión, Nadella señaló que Microsoft se beneficia de la cooperación con China y aseguró que continuará trabajando en este país para desarrollar nuevos productos con los más altos estándares mundiales de calidad y seguridad, según la fuente oficial.

A medidos de año, Nadella visitó Pekín para tratar las investigaciones por presuntas prácticas monopolísticas que las autoridades chinas iniciaron contra su empresa ante problemas de incompatibilidad en su sistema operativo Windows y su software Office.

La investigación se inició en 2014, cuando funcionarios chinos realizaron visitas sorpresa a oficinas de Microsoft en varias ciudades del país, y en enero de este año se confirmó que aquellas operaciones respondían a la aplicación de la Ley Antimonopolio.

Según la Ley Antimonopolio china, problemas de incompatibilidad de nuevos productos con los anteriores, y sin previo aviso a los clientes, podrían ser una práctica irregular y contraria a las normas de libre competencia.

China aprobó la Ley Antimonopolio en 2008, tras muchos años de deliberaciones y polémicas, y ahora es vista por algunos analistas como una herramienta del Gobierno contra ciertas empresas.