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EXTREMADURA

Cuatro directivos de Caja Rural, imputados por el préstamo impagado de Alejandro Nogales

En junio de 2014 salió a la luz que la Caja le iba a reclamar 20.000 euros, y Nogales presentó una demanda por la filtración

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Alejandro, Nogales, Extremadura, IU

Alejandro Nogales

La Audiencia Provincial de Badajoz ha ordenado al juzgado de instrucción número 3 de esa ciudad que tome declaración como imputados al director general de Caja Rural de Extremadura, y a tres consejeros de la entidad, que participaron en una reunión en junio de 2014 en la que se acordó reclamar al entonces diputado regional de IU, Alejandro Nogales, un crédito impagado de hace 20 años y cuyo importe supera los 20.000 euros.

La reclamación  salió a la luz pública en el diario HOY y Nogales presentó una demanda judicial contra la Caja por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, para que se averiguara quién había sido autor de la filtración.

En principio el juzgado número 3 de Badajoz archivó la demanda por no apreciar indicios de delito, la misma tesis que sostuvieron el fiscal y los abogados de la Caja Rural; Nogales recurrió ese archivo ante la Audiencia Provincial y ésta acaba de darle la razón, ordenando al juez instructor que tome declaración como imputados al director general de la entidad, José Manuel Gómez Piélago, y tres de sus consejeros, Carlos Crespo, Francisco de Borja Ramírez, y José María Sánchez Quirós.

Es menester, afirma el auto de la Audiencia Provincial, “recibir declaración a cinco personas que pueden arrojar luz sobre la autoría de los hechos, personas con determinadas funciones profesionales en la Caja Rural y que, por ello, pueden tener conocimiento de los datos bancarios del querellante y que, por esa misma razón, pudieron ser divulgados por ellos o por otras personas de su conocimiento al periódico”.

Además de los cuatro directivos imputados, se cita pero solo como testigo al asesor jurídico Miguel Ángel Santos Domínguez; la Audiencia advierte que los directivos están imputados “no para criminalizar sus conductas o estigmatizar su posición, sino en pura garantía de sus propios derechos”.

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