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La Ley del Suelo compromete a la Administración autonómica a crear el Observatorio del Paisaje

Los ayuntamientos deberán elaborar un Catálogo de impacto sobre las construcciones fuera de ordenación en suelo rústico.

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Acantilado en Garafía

Acantilado de la costa de Garafía. Román Delgado / La Palma

El proyecto de Ley del Suelo de Canarias, actualmente en trámite parlamentario, "compromete a la Administración autonómica a crear un Observatorio del Paisaje con funciones de observación, estudio, formulación de propuestas y criterios de actuación, consulta y asesoramiento en materia de paisaje y su proyección sobre el territorio y sobre las actividades sociales y económicas en el marco del Convenio Europeo del Paisaje", se indica en el portal de noticias del Ejecutivo regional.

Añade que "según se establece en el artículo 26 del capítulo III, relativo a Disposiciones Organizativas, la estructura y el régimen jurídico y de funcionamiento de este órgano autonómico se desarrollará reglamentariamente una vez aprobada la Ley".

Por otra parte, el proyecto de Ley del Suelo también compromete "a los ayuntamientos canarios a elaborar un catálogo específico de impacto que incluya una relación detallada de las construcciones en suelo rústico". Su objetivo es "identificar aquellas construcciones contra las que ya no quepan actuaciones de restablecimiento de la legalidad pero que, por sus características tipológicas, compositivas o por su situación, limiten gravemente las perspectivas del paisaje abierto o no armonicen con los valores de la arquitectura rural tradicional".

El objetivo de este catálogo "es, por un lado, identificar esas edificaciones que son especialmente atentatorias contra el paisaje rústico y, por otro, que una vez identificadas e incorporadas a este registro, la Administración local proceda a impiar el paisaje con el derribo de esas edificaciones (viviendas, cuartos de aperos...), previa adquisición del bien inmueble".

El citado proyecto de Ley incorpora también, "como novedad, la posibilidad de que los bienes y recursos de los patrimonios públicos de suelo, que deben tener todos los municipios, puedan ser destinados a ejecutar actuaciones precisas para corregir las situaciones incluidas en el citado Catálogo de Impacto.

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