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Osasuna quiere asegurar en el Juzgado la recuperación del dinero

El abogado del club rojillo suma a la responsabilidad civil de 3 millones exigida a Vizcay la misma cantidad para Archanco, Peralta y Pascual.

Izco y Maquirriain, si el juez da el visto bueno, deberían contar con un aval de 400.000 euros con el que poder responder a los posibles daños causados.

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Si el objetivo es recuperar el dinero, el paso más previsor es pedir responsabilidades a todos los posibles sospechosos para que, en caso de que deban afrontar una pena económica, puedan responder con sus bienes. Y, para ello, hay que asegurarse que los tengan en el momento de una posible condena. Esta es la lógica que ha seguido el abogado de Osasuna, con el consenso de la actual Junta Directiva, para pedir responsabilidad civil a  los seis señalados por el llamado caso Osasuna. A la petición, ya presentada tanto por la Fiscalía como por el letrado del club y aceptada por el juez, de Ángel Vizcay, y que asciende a tres millones de euros, se han sumado este lunes en las mismas cantidades las de Miguel Archanco, Txuma Peralta y Juan Pascual. En cuanto a Patxi Izco y Diego Maquirriain, por parte del club se les exige una responsabilidad de 400.000 euros. Ahora deberá pronunciarse el magistrado.

¿Para qué sirve esta figura de la responsabilidad civil? Se trata de una fórmula para cubrir los posibles perjuicios y daños al club. En definitiva, el objetivo es abrir una puerta a la recuperación del dinero supuestamente extraído de las cuentas y cuyo destino se desconoce. De esta forma, y si finalmente el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona da su visto bueno, podría pedir a los señalados por este caso que avalen con sus bienes presentes y futuros la cantidad solicitada. Y, en caso de que no lleguen a acumularla, se puede proceder al embargo de sus bienes hasta llegar al importe mencionado. De esta forma, ante una hipotética condena, podrían responder con ellos a las multas impuestas.

De ahí que las cifras mencionadas vayan en función de los hechos que apuntan a cada uno de los mencionados en el caso. Este procedimiento arrancó el viernes, cuando tanto la Fiscalía como el abogado de Osasuna, Miguel Ezcurdia, solicitaron que el exgerente del club, Ángel Vizcay, garantizara que cuenta con esos tres millones de euros de responsabilidad civil. Eso sí, con una salvedad: la Fiscalía pidió una responsabilidad solidaria (podrían cubrir esa cantidad de 3 millones entre varios de los detenidos), mientras que Ezcurdia exigió que fuera individual. El paso, en general, no deja de ser significativo, porque afecta a Vizcay en primer lugar, que fue con quien prácticamente arrancó esta investigación al declarar sobre  el presunto amaño de partidos ante la Liga de Fútbol Profesional. La LFP no pidió ese aval para Vizcay, que está en libertad con cargos.

Las cuantías

El juez, Fermín Otamendi, dio después un plazo hasta este lunes a las partes para que pidieran medidas similares para el resto de los detenidos, y Osasuna ha dado el paso finalmente con todos ellos. Así, a la petición de tres millones de euros para Vizcay se han sumado, en idénticas cantidades, las del expresidente de Osasuna Miguel Archanco y el exdirectivo Txuma Peralta (ambos están ahora en prisión, el primero de forma preventiva, eludible bajo fianza de 500.000 euros; el segundo, prisión incondicional comunicada y sin fianza), pero también para el exvicepresidente Juan Pascual (en libertad con cargos). En el caso del expresidente Patxi Izco y del actual director de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain, la responsabilidad civil asciende a 400.000 euros. Ambos también están en libertad con cargos.

Fuentes de Osasuna confirman que esta petición, más allá de la acción penal, pretende recuperar el patrimonio perdido del club rojillo. Hasta el momento, la entidad, en su denuncia ante el Juzgado, presentada el pasado 19 de marzo por el actual presidente, Luis Sabalza, ha puesto el foco sobre  2,4 millones extraídos de las cuentas del club para un fin desconocido. Ese importe agrupa operaciones sospechosas como el pago a unos agentes inmobiliarios, a un supuesto agente deportivo y, especialmente, a la sociedad portuguesa Flefield, cuyos servicios se desconocen. El juez decidió después ampliar las pesquisas hasta llegar a la cantidad de 3,76 millones, de ahí que ahora se hable siempre de conocer el paradero de “al menos” 2,4 millones.

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