Ahora Madrid consigue con las funerarias su primera empresa remuncipalizada

El equipo de Gobierno de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que llegó al Ayuntamiento con la idea de remunicipalizar los servicios públicos, ha revertido hoy al municipio la gestión que hará a partir de septiembre de catorce cementerios de la capital, entre ellos el de La Almudena.

Los votos de Ahora Madrid y del PSOE han permitido al equipo de Carmena, en el pleno del Ayuntamiento celebrado hoy, aprobar la creación de la nueva empresa pública que desde el 16 de septiembre -un día después de terminar la concesión- sustituirá a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSF), participada por la corporación (51 %) y por el grupo Funespaña (49 %).

La propuesta de crear una empresa con capital enteramente público ha sido aprobada tras el rechazo de una enmienda a la totalidad presentada por el PP y tras la aprobación -con el voto de calidad de la alcaldesa, ante la ausencia de la concejal Romy Arce, de Ahora Madrid- de cuatro enmiendas que serán añadidas al texto final.

El pasado día 19, Ahora Madrid y el PSOE ya aprobaron en la comisión conjunta de Salud, Seguridad y Emergencias y de Economía y Hacienda el dictamen previo a la propuesta de creación de la nueva 'Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, Sociedad Anónima', con la que el Ayuntamiento gestionará los catorce cementerios de Madrid, dos tanatorios y dos crematorios.

En el debate, que ha tenido momentos álgidos por el cruce de acusaciones, el PP y Ciudadanos han coincidido al criticar la vuelta a la gestión pública de los servicios funerarios y le han augurado “fracaso inexorable” a la iniciativa municipal.

La concejal del PP Inmaculada Sánz ha defendido, en contra de la opinión del Ayuntamiento, que las infraestructuras, cementerios, tanatorios, están en buen estado en la actualidad, y que la empresa actual cuenta con los medios técnicos apropiados para ofrecer un buen servicio a la ciudad.

Sánz, quien ha insistido en que el resultado de la municipalización “puede ser un fracaso estrepitoso”, ha afirmado que la empresa actual, que da beneficios y satisface a los usuarios, ha invertido más de 70 millones de euros.

Por parte de Ciudadanos, la concejal Silvia Saavedra, que ha insistido en que la empresa actual funciona bien y tiene una “posición de referencia” en el servicio funerario madrileño, ha recordado que en la otra etapa en que la empresa fue pública “arrojó pérdidas y por eso se tuvo que buscar un socio privado”.

Saavedra ha manifestado su convencimiento de que Ahora Madrid ha hecho “las cuentas de la lechera” con la remunicipalización del servicio sin tener en cuenta, ha dicho, factores como que los madrileños tienen seguros y al fallecer van a funerarias de sus aseguradoras, que suelen estar vinculadas a empresas privadas.

El socialista Ramón Silva ha defendido el proyecto del Ayuntamiento por considerar que el modelo actual “no ha funcionado”, que ha perdido cuota de mercado y que “si es valorada bien por los ciudadanos se debe más a sus trabajadores que a sus directivos”.

Silva ha recordado también que la creación de la empresa mixta fue objeto de investigación y sentencias judiciales y que supuso un “fraude” que generó gasto para las arcas públicas.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha explicado que la nueva empresa mercantil tendrá capital íntegramente municipal, y mantendrá la plantilla de 529 trabajadores adscritos a la actual empresa mixta.

Sánchez Mato ha criticado a la oposición por sus malos augurios, aunque ha añadido que “si sale bien será bueno para los madrileños”.

Y ha explicado que la nueva empresa pública, que subroga a los 529 trabajadores actuales, obtendrá más beneficios al no tener que abonar al socio privado el canon de gestión del 20% de los beneficios antes de impuestos.

La EMSF tiene su origen en la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, creada hace 50 años y privatizada parcialmente por un periodo de 50 años en 1992, cuando el 49 % de las acciones quedaron en manos de Funespaña a cambio de 100 pesetas la condonación de la deuda que la empresa municipal tenía con el Ayuntamiento.

La operación de privatización generó controversia política y derivó en un caso judicial que concluyó en 2011, cuando el Tribunal Supremo rechazó autorizar al expresidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo Fernández para interponer un recurso de revisión contra la sentencia que le impuso una multa de 3,7 millones de euros como cómplice de prevaricación y autor de un delito de tráfico de influencias.

En 2009, el Supremo había confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a Rodrigo Fernández, así como la pena de dos años de inhabilitación a la que fue condenado el exconcejal madrileño del PP Luis María Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria municipal.