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Alan García pendiente de resolución judicial que puede afectar su candidatura

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Alan García pendiente de resolución judicial que puede afectar su candidatura

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El expresidente peruano Alan García está pendiente de que se resuelva una acción de amparo que presentó contra una investigación del Congreso sobre presuntos delitos cometidos en su segunda gestión (2006-2011), un tema que puede afectar su anunciada postulación a las elecciones de 2016.

El Poder Judicial deberá resolver en los próximos días la acción de amparo presentada por García para ser excluido de los informes legislativos que investigaron estos temas y su presunta responsabilidad en el otorgamiento de indultos a narcotraficantes, la venta de un aeródromo y un desbalance patrimonial, entre otros.

De todas las denuncias, el caso de indultos a cientos de sentenciados por narcotráfico, conocido como los "narcoindultos", ha generado gran controversia y amenaza con desestabilizar las posibilidades electorales del exmandatario.

García ocupa la tercera posición en los sondeos de opinión sobre los comicios presidenciales de 2016, con un 6 % de intención de voto, aún muy alejado de Keiko Fujimori, quien encabeza las encuestas con un 32 % de preferencias.

En junio de 2014, el Congreso aprobó un informe que propuso acusarlo constitucionalmente por el otorgamiento de indultos durante su segundo mandato, una decisión que el expresidente afirmó en ese momento que no tenía "validez ni tendrá consecuencia jurídica".

Durante su segundo mandato, García aprobó el otorgamiento de más de 5.000 indultos y reducciones de pena a procesados por distintos delitos, incluidos alrededor de 400 por narcotráfico, según el informe de la comisión parlamentaria.

De acuerdo con los indicios recogidos por la comisión en sus dos años de trabajo, los funcionarios a cargo de la evaluación de los casos cobraron para el otorgamiento de los beneficios carcelarios, que presuntamente facilitaron la excarcelación de bandas completas.

La Justicia peruana abrió, posteriormente, un proceso judicial, en el que no está incluido García, contra los funcionarios, incluido el presidente de la comisión que veía esos casos, Facundo Chinguel.

El Legislativo también investigó las denuncias sobre presunta corrupción en la construcción de colegios emblemáticos, la empresa de agua Sedapal, el programa Agua para Todos y el espionaje telefónico de la empresa BTR, entre otros.

Los informes fueron aprobados a pesar de que un juez había ordenado que fueran declarados nulos por supuestamente haber vulnerado los derechos constitucionales de García, un decisión que no fue aceptada por el Legislativo acogiéndose a su facultad constitucional de investigar.

Sin embargo, la comisión aceptó subsanar los presuntos defectos de la investigación y en agosto pasado el pleno del Congreso aprobó recomendar que García sea denunciado constitucionalmente por supuestos delitos cometidos en la ejecución del programa estatal Agua para Todos, que presuntamente favoreció a empresas para desarrollar obras de saneamiento.

García ha atribuido toda la investigación a la intención del Gobierno del presidente Ollanta Humala de afectar su candidatura a las elecciones de 2016.

En medio de este escenario, hoy se informó que el juez superior Jesús Soller Rodríguez, magistrado de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirimirá la acción de amparo presentada por García para que se ratifique la decisión judicial contra los informes del Congreso.

Soller escuchó hoy los fundamentos de posiciones del procurador del Congreso, Julio Espíritu, y del abogado de Alan García, Wilbert Medina.

El procurador afirmó que todo lo actuado durante las investigaciones estuvo amparado por las facultades con las que cuenta ese Poder del Estado y se hizo "con respeto a la ley".

El abogado de García aseguró, por su parte, que la citación que se hizo al expresidente durante la investigación contenía omisiones, ya que en ningún momento se informaba del presunto delito cometido y solo se mencionaban acciones propias de su función como mandatario.

Fuentes de la procuraduría del Congreso manifestaron hoy al diario El Comercio su preocupación por la actuación de Soller, quien está siendo investigado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por haber emitido anteriormente una opinión sobre el amparo de García y tener tres hermanos que militan en el Partido Aprista, que preside el exmandatario.

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