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Andalucía se opondrá con todas sus "fuerzas" a la reforma educativa del Gobierno aunque reitera su oferta de diálogo

"Nunca pensamos que Mariano Rajoy fuera más de derechas que Aznar en materia educativa", dice la consejera

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La consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, ha querido dejar claro este miércoles ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz se opondrá con todas sus fuerzas a la reforma educativa planteada por el Ejecutivo de la Nación, al que ha reiterado la oferta de diálogo y de consenso de la Junta. "Nunca pensamos que Mariano Rajoy fuera más de derechas que Aznar en materia educativa", ha indicado.

Para la consejera, el Ministerio de Educación debe pensar muy seriamente si sigue adelante con la ley orgánica de mejora de la calidad de la educación (Lomce), que sería la menos respaldada y consensuada de la historia, o abre de verdad un debate serio con las regiones y con la comunidad educativa. Ha señalado que la Junta ha ofrecido diálogo y no se ha limitado a criticar, "sino que se ha mojado".

Ha reprochado al Gobierno central que haya desoído las propuestas de la Junta a la citada ley, cuyas ultimas novedades "apenas si se conocen por la prensa". Ha indicado que, sin duda, es necesario mejorar el sistema educativo, pero eso no se va a lograr con los recortes que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.

Para la consejera, la reforma educativa que plantea el Gobierno no otorga una estrategia positiva para afrontar el problema del abandono escolar, si acaso "pretende maquillarlo". A su juicio, es una ley que quiere mejorar las estadísticas y no el nivel del alumnado. "Se trata de objetivos pobres, cuando no perversos para miles de alumnos andaluces", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que constituye una verdadera carrera de obstáculos para el alumnado, a través de la sucesión de evaluaciones que no va mejorar la formación ni las competencias del alumno. En ello, según la consejera, hay un objetivo de estrechar el camino hacia estudios superiores.

Para la consejera, la Lomce "rompe consensos constitucionales y los equilibrios entre la escuela pública y la concertada, mientras abre puertas a la privatización". Se ha mostrado convencida de que esa norma intenta "imponer" el modelo de la Comunidad de Madrid en el resto de España, esto es, la perdida de la escuela pública y la equidad.

Ha señalado que se pretende convertir la escuela pública en un servicio de segunda en aquellos lugares donde la privada no tenga apetencias. Ha señalado que, en definitiva, se "entrega la educación a las leyes del mercado".

La consejera ha recordado que el informe del Consejo de Estado es el más crítico que se recuerda sobre una ley de educación, ya que dice al Gobierno que no goza de consenso y que merece la pena buscar el apoyo de la comunidad educativa, y que la ley no tiene financiación razonable. Ha indicado que dicha institución también llama la atención sobre el "escoramiento ideológico" del texto a posiciones muy conservadoras.

Ha reprochado al Gobierno que no haya atendido las propuestas de varias comunidades y que tampoco escuche a los sindicatos mayoritarios la enseñanza ni a las familias de la escuela pública y, según ha apuntado, parece que tampoco al Consejo de Estado.

"La preocupación de las familias y del profesorado es generalizada", ha indicado la consejera, para quien la Lomce plantea un cambio de modelo que no va hacer que mejoren los rendimiento o las tasas del país, sino que supone una "regresión y una vuelta al pasado". Ha advertido de que si esta "ley de la discordia" sale adelante, el impacto sobre el sistema educativo será muy negativo.

La consejera ha aprovechado su intervención también para indicar que en este primer año del Gobierno andaluz se ha puesto de manifiesto que en esta comunidad, la educación ha sido una política prioritaria para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, evitando que las políticas de recorte que llevan a cabo el Ejecutivo de la Nación o las comunidades gobernadas por los populares se produzcan aquí.

Ha sido un año en defensa de la escuela pública, según ha indicado la consejera.

PP-A CRITICA LA "DEMAGOGIA" DE PSOE-A E IU-CA

Por su parte, la diputada del PP-A Arancha Martín ha criticado que esta comparecencia de la consejera solo se haya planteado para confrontar con el Gobierno central y no para hacer propuestas, y ha lamentado las "barbaridades" del bipartito. Ha señalado que en esta Cámara tendríamos que coincidir en que en Andalucía y España se necesita una reforma educativa, independientemente del tipo de reforma que se quiere.

Ha garantizado que la reforma del Gobierno central pretende la mejora de la calidad educativa, algo necesario en Andalucía, con una alta tasa de abandono o fracaso escolar y de jóvenes en paro. Ha criticado la "demagogia" de PSOE e IU cuando hablan de una educación para ricos y otra para pobres.

El diputado del PSOE-A Francisco Menacho ha señalado que si ese texto es aprobado finalmente por el Gobierno central, será un "atentado más y una provocación" tras la huelga convocada para mañana por toda la comunidad educativa. Ha confiado en que el PP no se ampare en su mayoría absoluta para sacar adelante la ley, sino que escuche a la mayoría social.

Se ha mostrado convencido de que para elaborar la norma, el Gobierno central ha oído a los dueños de colegios privados, a la Conferencia Episcopal y a los más conservadores del PP. Para Menacho, después del informe del Consejo de Estado, el Ejecutivo central tendría que retirar la ley, que supone una auténtica "reforma ideológica".

Por su parte, la diputada de IULV-CA Marina Segura ha señalado que la Lomce pretende imponer el modelo educativo "franquista, elitista y segregador" de antes de los años 70. Ha indicado que el Gobierno central sólo ha tenido en cuenta las consideraciones de la patronal y de la Conferencia Episcopal y ha demostrado su autoritarismo al no haber dialogado ni tratado de consensuar la reforma con la comunidad educativa.

Ha indicado que Izquierda Unida no está dispuesta a permitir que el modelo educativo que plantea la Lomce se implante en Andalucía. Se ha mostrado convencida de que la movilización de la comunidad educativa conseguirá detener el plan de "destrucción" de la escuela pública planteado por el PP. Ha pedido la retirada del proyecto de ley y la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert. Durante el debate, los diputados de IULV-CA han mostrado en sus escaños carteles de rechazo a la Lomce.

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