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Aprueban crear un grupo legislativo para tratar enmiendas de consulta en Ecuador

Aprueban crear un grupo legislativo para tratar enmiendas de consulta en Ecuador

EFE

Quito —

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de Ecuador aprobó hoy la creación de una comisión especial que tratará dos enmiendas aprobadas en el referendo del pasado 4 de febrero, informó la Asamblea Nacional (Parlamento).

El presidente de la Asamblea, el oficialista José Serrano, informó en su cuenta de Twitter que el CAL, con cuatro votos a favor y una abstención, decidió la creación de la comisión ocasional que tratará las preguntas 3 y 6, de las siete que integraron la consulta popular y referendo impulsado por el Gobierno.

“Mañana (jueves) el Pleno de @AsambleaEcuador mediante votación decidirá su conformación”, añadió Serrano, que preside el CAL.

Las preguntas que tratará la Comisión Ocasional son la 3, que tiene que ver con el mecanismo de elección de los miembros de un transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la interrogante 6 sobre la derogatoria de la actual Ley de Plusvalía.

La comisión ocasional tendrá 45 días para el tratamiento de los dos temas, indicó Serrano en un comunicado difundido por la Asamblea Nacional.

Además, se espera que el presidente del país, Lenín Moreno, remita las siete ternas para elegir a los miembros del CPCCS, quienes estarán en funciones hasta las elecciones de 2019 cuando sea el pueblo quien elija a los titulares de esa entidad.

Con porcentajes que van desde el 63,08 % hasta el 73,71 %, Moreno logró el respaldo popular a las siete preguntas que planteó con temas relacionados con la eliminación de la reelección indefinida y la reestructuración del CPCCS, que designa a las autoridades de control del país.

A esas dos preguntas, consideradas las más polémicas, se sumaron otras cinco relacionadas con la lucha contra la corrupción y la pederastia, así como la imposición de restricciones a la minería descontrolada.

Otras versaban sobre la polémica ley de plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, y algunas de ellas requieren acción del Parlamento para ejecutarse.

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