La Audiencia de Palma retoma el lunes el juicio a Alexander Romanov

La Audiencia de Palma retoma el lunes el juicio a Alexander Romanov y otros 11 acusados de blanqueo de capitales y organización criminal por introducir presuntamente en España 14 millones de la mafia rusa Taganskaya, y de delito contra los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos.

En la primera jornada de la vista oral, que fue el 6 de mayo, acusación y defensas plantearon las cuestiones previas, que el tribunal anunció que solventará en la sentencia.

El abogado de Romanov, Cristóbal Martell, reclamó la nulidad de todas las pruebas obtenidas a partir de pinchazos telefónicos, intervención de comunicaciones informáticas y registros, porque considera que estas medidas suponen una vulneración de derechos fundamentales injustificada, dado que contra el ciudadano ruso no había más que sospechas basadas en la “estigmatización” por su nacionalidad y su condición de exconvicto.

Por contra, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau argumentó que Romanov y su esposa, también acusada, estaban ligados a “círculos criminales” mafiosos en su país, realizaron operaciones empresariales sospechosas y manejaban fondos en metálico de origen injustificado, lo que avalaba la autorización de los medios de investigación que se emplearon.

En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción acusa al principal imputado, Alexander Romavov, al que vincula con la organización criminal rusa, de articular los mecanismos para introducir en España fondos por valor de 12,3 millones de euros y 2,6 millones de dólares, con una apariencia de origen lícito, según recoge su escrito de acusación.

Indica que para ello se habría valido presuntamente de la colaboración de su familia, relacionada societariamente con las empresas controladas por Taganskaya, y de otros profesionales como abogados y gestores, que figuran entre los acusados.

La acusación pública les imputa los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos, por los que solicita una condena de 17 años de cárcel y multa de 40,1 millones de euros para el principal acusado y en total condenas que suman 76 años de prisión y multas que ascienden a 165 millones de euros para los doce acusados.