Los DD.HH. en Paraguay retroceden en género y protesta social, según un informe de 2017

La limitación y la represión de la protesta social y las barreras para la consecución de la igualdad de género han sido los dos principales temas en cuestión de derechos humanos en Paraguay en el 2017, según revela un informe publicado hoy por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

Estas dos temáticas, entre otras muchas, han sido destacadas por los representantes de la organización como los que más han sufrido retrocesos durante los últimos doce meses en el país suramericano.

En el primer caso, destacaron por encima de otras movilizaciones lo ocurrido entre el 31 de marzo y el 1 de abril, cuando manifestantes protestaron contra la intención de una reforma constitucional a través de una enmienda para habilitar la reelección presidencial, prohibida por la Constitución paraguaya.

Aquella manifestación, frente a la sede del Parlamento, acabó con el asalto y el incendio de parte del edificio legislativo, disturbios entre manifestantes y policías y la muerte de un joven dirigente del opositor Partido Liberal (PLRA) supuestamente por disparos de la Policía cuando entró sin orden judicial a la sede en Asunción.

Desde Codehupy indicaron que el actuar de las fuerzas de seguridad fue desproporcionado, con más de 200 detenidos y una treintena de heridos durante aquellas jornadas, además de los disparos con balas de goma a corta distancia contra parlamentarios que también se sumaron a la protesta.

“Detenciones masivas de manifestantes y el uso excesivo de la fuerza respecto a ellos, los malos tratos y hasta la tortura, verificados durante la noche del 31 de marzo y el 1 de abril, nos remite a una de las respuestas estatales más violentas que la ciudadanía haya enfrentado en el marco de una protesta”, indicaron.

También destacaron la actuación de la Justicia y la Policía durante las movilizaciones campesinas en Asunción en julio, quienes pidieron por más de un mes una reforma agraria, la condonación de sus deudas y la declaración de situación de emergencia para la agricultura familiar.

Entonces, los campesinos marcharon diariamente por las calles del microcentro capitalino para expresar sus reivindicaciones, lo que ocasionó cortes de tráfico y malestar entre los ciudadanos, y derivó en la aplicación por parte de las autoridades de la conocida como “ley del marchódromo”.

Ese argumento impidió a través de la Policía Nacional movilizarse por el centro de Asunción en ciertas horas críticas, como a la mañana o a la tarde cuando miles de personas entran y salen de la zona, para evitar el caos automovilístico y los posibles altercados entre campesinos y los ciudadanos afectados.

Sobre este punto, Codehupy nombró lo dictaminado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indica que en caso de colisión entre el derecho al libre tránsito y la libertad de expresión y manifestación, será este último el que prime sobre el otro.

“La CIDH sostiene también que los Estados 'tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión, incluso, el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en determinada zona'”, destacaron desde Codehupy en su informe.

En relación a la igualdad de género, desde Codehupy incidieron en la influencia ejercida por la Iglesia católica y las asociaciones “conservadoras” provida y profamilia al Estado paraguayo en materia de Educación y legislativa.

El caso más “preocupante” de este 2017 fue una resolución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), “por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”, según la fuente.

También fue mencionado en el informe de Codehupy el trabajo del Ministerio de la Mujer, que si bien fue aplaudido en su ejercicio en el pasado por su esfuerzo en el empoderamiento de la mujer en un país “conservador” como Paraguay, queda supeditado en la actualidad a las decisiones del Ejecutivo del presidente, Horacio Cartes.

Cartes también fue mencionado en este sentido en el documento, en donde se criticó una reunión que tuvo con representantes de organizaciones provida y profamilia, “quienes le solicitaron la eliminación de la perspectiva de género en el Ministerio de la Mujer”.

A finales de noviembre, el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) indicó que los derechos de las mujeres en Paraguay, tanto en la ley como en la práctica, están retrocediendo.