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España entrega 200.000 euros de ayuda al retorno de subsaharianos residentes en Marruecos

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Marruecos expulsa a subsaharianos indocumentados por la frontera con Mauritania

Marruecos expulsa a subsaharianos indocumentados por la frontera con Mauritania

El gobierno español ha entregado sus primeros 200.000 euros para el programa de "asistencia al retorno voluntario" de los emigrantes subsaharianos residentes en Marruecos, dijeron a Efe fuentes de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en Rabat, que gestiona el programa.

Este programa, que en 2013 ha ayudado a 500 personas a retornar a sus países, está financiado hasta ahora por cuatro gobiernos europeos: el de Suiza, que este año ha aportado unos 600.000 euros, y los de Bélgica, Holanda y España, con aportaciones de 200.000 euros cada uno, explicó Anke Strauss, directora de OIM en Marruecos.

El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció en septiembre que se sumaría a esta iniciativa de dar "una alternativa digna" a los emigrantes al constatar que la presión sobre la frontera de Melilla (principal punto de entrada de emigrantes subsaharianos) se ha duplicado en los primeros nueve meses del año con respecto a 2012.

El programa de retorno voluntario consiste en financiar al demandante y su familia el viaje y los documentos necesarios para regresar a su país y, una vez allí, poner en marcha un negocio, que puede ser un simple comercio o un medio de transporte, por ejemplo. Esta segunda parte se financia con una cantidad aproximada de 500 euros.

La OIM es siempre la que, con los fondos aportados por los donantes, gestiona tanto la primera como la segunda fase de la ayuda, y Strauss subraya que "no entregamos dinero en metálico", sino que se invierte en el proyecto concreto.

Excepcionalmente, puede tratarse de una ayuda educativa (para escolarizar a unos niños) o sanitaria (para poder pagar un tratamiento médico), recordó Strauss, siempre con la lógica de que "el retorno sea duradero en el tiempo".

En todo caso, la OIM no obliga al beneficiario a firmar ningún compromiso de no volver a intentar la emigración, como sucede, por ejemplo, con el programa de retorno voluntario ofrecido por el gobierno español.

Strauss precisó que los beneficiarios son siempre personas en situación sin documentos en regla, y por tanto no está abierto, por ejemplo, a un emigrante "legal" solo porque se haya quedado sin trabajo.

Similares programas de retorno "a tres bandas" existen en los considerados "países bisagra", como pueden ser Turquía y México, fronteras entre el primero y el tercer mundo, explicó Strauss.

En este momento, la OIM tiene en Marruecos una lista de espera de 1.000 candidatos que quieren acogerse al programa, y por ello esperan que los gobiernos europeos renueven su financiación el próximo año e incluso la aumenten para poderles ofrecer una salida rápida.

El tiempo de espera varía mucho de un emigrante a otro, pues la OIM da prioridad a casos considerados más vulnerables, como pueden ser personas enfermas, madres solteras o viudas con hijos menores o víctimas de trata de personas, cuyos casos pueden solucionarse en un plazo de solo diez días.

El gobierno marroquí calcula que hay entre 25.000 y 40.000 emigrantes en situación irregular en su territorio, y anunció el pasado 11 de noviembre una vasta operación de regularización que se desarrollará a lo largo de todo el año próximo y a la que podrán acogerse aquellos que cumplan ciertos requisitos.

Strauss consideró que queda mucho por concretar sobre este proyecto de regularización, pero en su opinión podría beneficiar a entre un 20 y un 30 % de los emigrantes que actualmente se encuentran en Marruecos sin los documentos en regla.

En cualquier caso, insistió en la necesidad de adecuar el discurso político a la práctica sobre el terreno, y no solo las meramente policiales -con agentes que conozcan bien las nuevas reglas-, sino también las de la sociedad civil, y concretamente las de una prensa que tiene tendencia a estigmatizar al emigrante subsahariano.

Javier Otazu

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