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La FIDH lanza una campaña para evitar un genocidio en Burundi

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La FIDH lanza una campaña para evitar un genocidio en Burundi

La FIDH lanza una campaña para evitar un genocidio en Burundi

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) lanzó hoy una campaña de sensibilización para detener la radicalización del Gobierno burundés y alertó del peligro de que derive en un genocidio contra los tutsi.

Con el eslógan #StopThisMovie (paremos esta película), la FIDH presentó el tráiler ficticio (https://youtu.be/3OsWJtRPumA) de la película inexistente "Genocidio en Burundi", en paralelo a su nuevo informe, que denuncia los crímenes contra la humanidad cometidos presuntamente por el Gobierno burundés y el "riesgo de genocidio" en el país.

"La FIDH no hablaba de genocidio desde 1993, es decir, un año antes del genocidio en Ruanda", explicó durante la presentación del tráiler el responsable de África de la FIDH, Florent Geel, quien acusó al régimen del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, de querer mantenerse en el poder por todos los medios.

Desde la oleada de protestas populares iniciada en abril de 2015, "todos aquellos percibidos como opositores al régimen son perseguidos, ejecutados, torturados, violados o desaparecen, principalmente en centros de tortura secretos", declaró en un comunicado el presidente de la FIDH, Dimitris Christopoulos.

Los datos recogidos en el informe confirman "el giro étnico de la crisis" y el uso de una propaganda fundada en una ideología étnica, que ve a los opositores, miembros de la sociedad civil, periodistas y tutsis, como enemigos del régimen "que hay que eliminar".

En pocos meses, el Ejecutivo burundés se ha "radicalizado", explicó Geel, quien citó como ejemplos la denuncia gubernamental del informe de la ONU que señala el riesgo de genocidio en el país, la reciente salida de Burundi de la Corte Penal Internacional, la ruptura entre las autoridades burundesas y la oficina de Derechos Humanos de la ONU y la expulsión de numerosas ONG.

Geel señaló también, como indicador del riesgo de genocidio, que el Gobierno elaboró a principios de este mes un censo étnico en el que los empleados públicos deben declarar su nombre, apellido, edad y si son de etnia hutu o tutsi.

"Cuando se constituyen listas es porque se tiene la intención de utilizarlas", dijo Geel.

Burundi se encuentra sumido en el caos desde la oleada de protestas desatada en abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez consecutiva a las elecciones, algo prohibido por la Constitución y que viola los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.

Mientras la represión se centró primero en manifestantes y opositores, desde el golpe de Estado fallido del 13 de mayo de 2015 el Gobierno la ha recrudecido y sistematizado.

A día de hoy, la FIDH contabiliza más de 1.000 asesinatos, 8.000 prisioneros políticos, miles de arrestos arbitrarios, entre 300 y 800 desapariciones, centenares de torturas y violaciones sexuales y más de 310.000 personas empujadas al exilio.

La organización pidió a la Unión Africana, la ONU, la Unión Europea y la comunidad internacional en general que envíen una fuerza de protección de civiles, que sancionen a los responsables de las agresiones, que obren en favor del diálogo para buscar una salida pacífica a la crisis y que mantengan las investigaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos.

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