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La Fiscal cree que el caso Marea costó ingentes cantidades de dinero a Asturias

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La exdirectora de Educación del Principado de Asturias María Jesús Otero recibió "ingentes cantidades de dinero" de empresas que facturaban con la Consejería, cuyo titular, José Luis Iglesias Riopedre, estaba "totalmente al tanto y participaba de dichas irregularidades", según la fiscal del "caso Marea", Carmen Rodríguez.

En su opinión, hay "múltiples pruebas" que incriminan a ambos, pero también a la funcionaria Marta Renedo Avilés -sus iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso, Marea- y a los cuatro empresarios que supuestamente integraban la presunta trama corrupta dedicada a la adjudicación de contratos públicos a empresas desde la administración del Principado que se destapó en 2010.

Así lo ha asegurado la fiscal durante la lectura del informe de sus conclusiones definitivas, en las que mantiene peticiones de cárcel que suman 57 años para los siete principales encausados de los trece procesados que está siendo juzgados desde el pasado 4 de abril en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.

Entre hoy y mañana, con la lectura de los informes de acusaciones y defensa, el caso quedará visto para sentencia, que tardará aún semanas en conocerse.

La investigación de este caso, según ha reconocido hoy la fiscal, se inició por parte de la administración del Principado a raíz de que detectase que una serie de trabajos y servicios presuntamente realizados en centros sociales como los de Colunga o Candás no se habían llevado a cabo.

Sus facturas estaban firmadas por la funcionaria Marta Renedo Avilés que, según la versión del fiscal, falsificó facturas que le permitieron apropiarse de 1,8 millones de euros, y beneficiarse de regalos de cientos de miles de euros de empresas que suministraban material al Principado.

La fiscal ha incidido en que, pese a que es verdad que se rompió la cadena de custodia de pruebas después de que se registrase el despacho de Renedo y de que, por lo tanto, las pruebas obtenidas ahí no pueden ser tenidas en cuenta, también es cierto que hay muchas otras que la incriminan, como las firmas que falsificó y las cuentas bancarias desde las que operó.

Las escuchas telefónicas y distintos testimonios de empleados de la Consejería de Educación y de integrantes de las mesas de contratación de este departamento también han permitido, según la fiscal, conocer las irregularidades y la forma de actuar de Iglesias Riopedre y Otero.

En la Consejería de Educación, "controlaba absolutamente todo y decía qué había que contratar, cómo, a qué precios y con quién", ha señalado la fiscal que ha asegurado que la mesa de contratación de la Consejería "sólo corroboraba lo que Otero había decidido, con el único fin de darle apariencia de legalidad".

Aunque Iglesias Riopedre ha negado que se encargase de nada relativo a las contrataciones durante su etapa como consejero, la fiscal ha señalado que "estaba totalmente al tanto de todo lo que ocurría y participaba activamente".

De hecho, ha señalado que en las escuchas telefónicas que se le practicaron se pudo oír al consejero cómo decía a quien había que dar un contrato y cuánto había que pagar, también en el caso de la empresa que gestionaba su hijo.

"Las irregularidades dieron pingües beneficios a los propietarios de Igrafo y Pumarín, pero también para Riopedre y Otero", ha señalado la fiscal, que considera probado que recibieron regalos, provocaron sobrecostes y utilizaron remanentes" del presupuesto de Educación para tratos de favor a esas empresas.

La fiscal ha asegurado que "Otero recibió ingentes cantidades de dinero" a través de distintas sociedades y que Iglesias Riopedre, a cambio de este trato de favor, no ingresó dinero en sus cuentas bancarias, pero que "por su hijo hizo de todo" y también se benefició de regalos y viajes a Barcelona y Tenerife que hizo junto a su mujer.

El Ministerio Público pide para Otero 11 años y medio de cárcel, para Riopedre 10 años y medio, y para Marta Renedo, 10 años, mientras que para los gerentes de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, pide sendas penas de 9 años de cárcel.

Para Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, reclama 4 años y otros tres para Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.

Según la fiscal, los propietarios de Igrafo y Pumarín tenían una "estrecha vinculación" y numerosas sociedades con las que presentaban distintas ofertas para hacerse con los contratos.

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