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Fiscalía considera que los movimientos propresos de ETA no son una amenaza aunque deben estar bajo control y seguimiento

EUROPA PRESS

MADRID —

Según indica el Ministerio Público, estos sectores “disidentes con la estrategia implementada por el conglomerado ETA-Izquieda Abertzale” tras la declaración del cese de sus actividades en octubre de 2011 han ido en aumento “progresivamente” y “elevando el tono” contra esta estrategia. Su denominador común es la reivindicación de la amnistía, “sin condiciones”, para todos los presos de ETA así como el regreso a casa “de los huidos”, matiza el informe.

La Fiscalía señala que la capacidad de movilización de estos grupos y su peligrosidad no ha supuesto hasta ahora “una amenaza significativa”, aunque afirma que su evolución y desarrollo “debe ser objeto de un adecuado control y seguimiento”.

LOS ACTOS DE 'KALE BORROKA' HAN DISMINUIDO

Por otro lado, indica que los actos de violencia callejera relacionados con el entorno de ETA denominados 'kale borroka' han disminuido en 2016, alcanzando un mayor protagonismo los actos cometidos con ocasión de campañas o actos en apoyo y solidaridad con los presos de ETA. En cuanto a otros grupos como los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) o Resistencia Galega, la Fiscalía cree que es muy difícil que comentan algún acto terrorista.

De GRAPO afirma que carece de infraestructura clandestina y de comandos operativos; no obstante, de Resistencia Galega precisa que se debe mantener las investigaciones para poner a disposición judicial a los integrantes del mismo y para evitar cualquier intento de realización de atentado, pues “es muy posible” que todavía mantengan infraestructuras.

El Ministerio Público puntualiza que la actividad violenta de grupos anarquistas han mermado gracias a la eficacia de la respuesta institucional, tanto en el ámbito judicial como en el policial en los últimos años“

Por último, la Fiscalía constata que la actividad violenta de grupos terroristas de carácter internacional no yihadista en España se sitúa en “un nivel bajo”, centrando su actuación principalmente en actividades “propagandísticas, logísticas y de financiación”.

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