La Fiscalía cifra en 100 millones el perjuicio del fraude de subvenciones de Zed

La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 100 millones de euros el perjuicio patrimonial que pudo generar el fraude de subvenciones del grupo tecnológico Zed Worldwide, cuyos principales responsables fueron detenidos ayer en una operación dirigida por la UDEF.

“En este momento procesal resulta difícil cuantificar con exactitud el perjuicio patrimonial derivado directamente del delito de insolvencia punible, si bien indiciariamente se puede afirmar que dicho perjuicio puede superar los 100 millones de euros”, señala la Fiscalía en la querella, a la que ha tenido acceso Efe.

Dicha querella está dirigida contra 19 personas, entre ellas el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, y en ella el ministerio público considera que “la conducta de los querellados tiene todos los ingredientes de una conducta defraudadora respecto de los accionistas y acreedores de Zed”.

La operación contra este grupo tecnológico saltó ayer con la detención de ocho personas -que pasarán hoy a disposición de la Audiencia Nacional- y se centra en la concesión supuestamente irregular de créditos blandos a Zed por parte del Gobierno español entre 2011 y 2014.

Según la Fiscalía, generaron un perjuicio “millonario” que se proyectaría “directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones”.

Y apunta a que en el caso de los organismos públicos, existe una “deuda pendiente de pago con las administraciones públicas por importe de 28.426.732,72 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas (no sujetas a devolución)”.

Además de Casals, la querella se dirige contra el fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, sus hermanos Ignacio y Patricia y los padres de éstos, Juan Antonio Pérez Ramírez y María Jesús Dolset Romero; así como contra Nuria G.A., Juan Carlos G.C., Teófilo R.P., José Manuel S.A., David Aitor M.C., William Blackburn H.M., José Antonio P.M., Daniel A.G. y Álvaro G.S.

Y contra los socios rusos de Dolset Vage Engibaryan y Sergey Gorbuntsov; Vladimir Naumovich Turovetskyi, persona de confianza de Engibaryan; y el holandés Peter Nicholaas Wakkie, administrador de Zed+, la sociedad matriz que integró Zed Worldwide y el grupo ruso Tema.

La investigación se centra en una trama societaria de carácter internacional focalizada en Zed, creador del videojuego Comando, que llevó a la empresa a situación de concurso de acreedores poniendo en gran perjuicio a pequeños accionistas.

Considera Anticorrupción que es un fraude “de gran complejidad” dado que muchas de las acciones que llevaron al grupo a situación de insolvencia se ejecutaron en el extranjero y además “existen indicios de que algunos de los autores de los hechos ocultaron capitales en sociedades opacas ubicadas en territorios como Panamá”, considerado un paraíso fiscal.

Además, con anterioridad a los hechos la compañía estaba valorada en 1.000 millones de euros y las ofertas de compra para reflotarla “a día de hoy no superan los 20 millones”.

El papel de Casals dentro de la trama fue, según recoge la Fiscalía citando a Dolset, usar su “influencia política” para conseguir las subvenciones.

Según Dolset, “tanto lo bueno como lo malo relacionado con el proceso de las subvenciones se produjo a causa de la influencia política que Mauricio Casals tenía con el Ministerio de Industria”, recoge la querella.

“Según el denunciante -dice el escrito-, se trata de una práctica habitual extendida a lo largo de los años, por parte de Mauricio Casals, el utilizar sus influencias y posición en los principales medios de comunicación controlados por el Grupo Planeta para solicitar compensaciones económicas, camufladas a través de contrataciones de grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales, a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por ellos”.

Por estas “labores de asesoramiento y relaciones institucionales” para la obtención de ayudas públicas, el Grupo Zed pagó a la sociedad Audiovisual Española 2000, editora de La Razón, 2.125.000 euros entre los años 2009 y 2013, camuflados, sospecha la Fiscalía, en contratos de publicidad.

La querella también explica otra derivada del caso sobre presiones que denunció Dolset por parte de Casals, dentro de una dinámica de “posiciones encontradas” con los responsables del Grupo Planeta (que llegó a tener un 43 % del accionariado de Zed) basadas en una distinta perspectiva sobre la creación de Zed+.

Así, Dolset “denunció una campaña de presión e intimidación” para evitar que denunciara las actividades supuestamente ilícitas de sus socios rusos, quienes, según Dolset, querían sacar de Zed+ a los inversores españoles “mediante coacciones y amenazas”.

En esta línea de acoso, denunció que le habían “pinchado el teléfono”, que piratas informáticos habían accedido a los ordenadores de la empresa, que había recibido mensajes intimidatorios y que le habían dejado una nota en el parabrisas en la que amenazaban a sus hijos si seguía con la investigación contra los rusos.

Dolset compareció el pasado 28 de abril ante la Policía para denunciar presiones de Casals, quien supuestamente le dijo que si denunciaba ilicitudes del Grupo Planeta, publicarían informaciones negativas sobre él usando el grupo de comunicación Atresmedia.

La querella se dirige igualmente contra 16 empresas y contra “las personas físicas con capacidad de decisión o de realizar aportaciones necesarias en los hechos investigados” en organismos públicos como los ministerios de Industria y de Economía, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y en centros dependientes de la Comunidad de Madrid (CAM) como la fundación Madrid Networks.