El Gobierno alcanza un acuerdo con Aragón sobre los presupuestos autonómicos

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo de Aragón que resuelve las discrepancias sobre los presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio de 2016 y evita la interposición de un recurso de inconstitucionalidad del Estado contra las cuentas autonómicas.

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha firmado el acuerdo como presidenta de la Comisión Bilateral creada con Aragón, ha informado su departamento, que ha resaltado en un comunicado que con esta firma se demuestra la voluntad de diálogo del Gobierno con todas las administraciones territoriales.

La resolución evita además la interposición del recurso de inconstitucionalidad al haberse comprometido el Gobierno aragonés a interpretar los artículos controvertidos conforme a la legislación básica estatal, según la misma fuente.

Concretamente, planteaban dudas de inconstitucionalidad dos artículos de la ley de presupuestos autonómicos -20.5 y 29.2- sobre la homologación de las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas, fundaciones y consorcios con las retribuciones de los altos cargos.

El texto autonómico omitía el requisito de que en ningún caso la homologación podía suponer un incremento de la masa salarial global.

Esa omisión, ha explicado el Ministerio, es contraria a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, donde se establece que la masa salarial del personal laboral no podrá experimentar un crecimiento superior al 1 por ciento.

Según varias sentencias del Constitucional, el establecimiento de techos salariales se encuentra dentro de las competencias estatales que persiguen la consecución de la estabilidad económica, en el ámbito de la dirección y orientación de la política económica.

El Ministerio alude especialmente a una sentencia de 2001 que señala que la coordinación de la Hacienda estatal exige a las comunidades autónomas la acomodación de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado a fin de alcanzar la estabilidad económica.