El Gobierno argentino dice que la diputada del Parlasur detenida “no es una presa política”

El ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, consideró hoy que la diputada del Parlasur Milagro Sala, detenida desde enero acusada de corrupción y condenada esta semana a tres años de prisión no efectiva por “daños agravados” en otra causa, “no es una presa política”.

“Cuando hay un juez que aplica la ley y un tribunal que dicta sentencia no se puede hablar de presos políticos y eso es lo que sucedió esta semana con Milagro Sala (...) Creo que es un buen ejemplo de una justicia que funciona”, apuntó Garavano en declaraciones a Radio 10.

Este miércoles, Sala fue condenada por un tribunal a la pena de tres años de prisión en suspenso -no efectiva- por daño agravado en calidad de instigadora en una protesta en 2009 contra el actual gobernador de la provincia septentrional de Jujuy, Gerardo Morales, que entonces era senador.

El jueves, otro tribunal sentenció que Sala, líder de la agrupación social y política Tupac Amaru, deberá pagar una multa de 3.780 pesos (unos 234 dólares) y la inhabilitó para integrar sociedades y organizaciones civiles por tres años y tres meses por organizar una acampada en una plaza pública durante una protesta hace un año en la misma región.

Este sábado, el ministro apuntó que tras estas condenas, “se alejaron los fantasmas de una persecución” hacia Sala por parte de las autoridades jujeñas.

Sala, que es diputada del Parlamento de Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria, permanece en la cárcel desde el 16 de enero de 2016, cuando la justicia de la provincia ordenó detenerla por presunta instigación al tumulto durante dicha protesta contra Morales.

Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por un caso abierto el día anterior en la que se le imputaron delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión.

El caso despertó el interés de la comunidad internacional y desde octubre ya han pedido al Estado que la libere el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y otros referentes de derechos humanos de todo el mundo.

Garavano insistió en que los casos judiciales “no pueden quedar en un limbo” y se deben acelerar los procesos para que se demuestre “la inocencia o culpabilidad” de los acusados con rapidez.