El Gobierno indemnizó con 70.000 euros a una Universidad israelí excluida de un concurso por estar en territorio ocupado

El caso se remonta a octubre de 2008, cuando el entonces secretario general de Vivienda aceptó la participación de la Universidad Ariel de Samaria en la competición 'Solar Decathlon Europe 2010' de proyectos arquitectónicos sostenibles, según relata el Gobierno en la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, en 2009 la Universidad fue excluida de la competición por estar ubicada en territorio ocupado, de acuerdo con la posición de la UE, pero la Universidad interpuso ante la ministra de Vivienda una acción de nulidad, revisión de oficio y solicitud de daños y perjuicios, que fue desestimada por silencio administrativo.

Acto seguido, la Universidad recurrió a la Audiencia Nacional que, en mayo de 2013 estimó parcialmente su recurso, y procedió a pedir 358.531 euros en concepto de responsabilidad patrimonial y daños morales.

No obstante, el acuerdo para participar en el concurso preveía una financiación máxima de 100.000 euros a las universidades participantes y no estaban permitidos pagos por encima de esa cifra. Como ya se le habían pagado 30.000 euros en 2009, el Gobierno abonó 70.000 euros, “cuantía en la que se concretaba el daño efectivo ocasionado a la Universidad”.

Por su parte, el diputado de IU ha lamentado que el Gobierno del PP “ha tardado casi 10 meses” en responder a la batería de preguntas queregistró sobre esta cuestión el 29 de julio de 2016, y ha puntualizado que llegó a pedir el amparo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ante el silencio del Ejecutivo en este y otros temas.

Y además, considera que la respuesta escrita obvia determinadas cuestiones que planteó entre ellas si el Gobierno cree que esta indemnización a la Universidad “es conforme al Derecho Internacional y a las posiciones de la UE, y coherente con la posición sostenida por España en la búsqueda de la paz, sin ocupación, israelo-palestina”.

También pregunta “por qué el Gobierno español no ha reclamado ante el Gobierno israelí cuando se han destruido proyectos financiados por la Cooperación Española en los territorios palestinos ocupados y, en cambio, atiende una propuesta de una entidad colona”.

El Gobierno sí dice en su respuesta que el pago de esa cantidad “no se trata aceptación del Gobierno español, sino de la aceptación de una sentencia judicial firme”. Para el diputado, “el Gobierno de Mariano Rajoy se 'lava las manos' sobre todo lo ocurrido y traslada la responsabilidad de tener que indemnizar a la Audiencia Nacional”.

ASISTENCIA A LOS AFECTADOS POR DEMOLICIONES

En su respuesta, el Ejecutivo también recalca que trabaja para asistir a la población palestina afectada por la demolición de infraestructuras, sobre todo cuando son proyectos financiados por la cooperación española. En concreto, ha subrayado que España financia a ONG palestinas e israelíes que ofrecen asistencia legal gratuita frente a demoliciones en Jerusalén Este y en el Área C de Cisjordania (bajo control israelí).

Y añade que, desde el punto de vista político, “España ha manifestado reiteradamente su seria preocupación por las decisiones de demolición de infraestructuras palestinas en Área C” y que el Consulado hace un seguimiento puntual de las demoliciones y los traslados de población beduina, y que participa regulamente en visitas organizadas por la UE o la ONU.