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El Gobierno "reforzará el control económico y financiero" a Cataluña para que "ni un solo euro" vaya al referéndum

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha querido aclarar que el acuerdo adoptado este viernes por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, ante una posible financiación del referéndum "ilegal" en Cataluña, viene a "reforzar el control económico y financiero sobre el presupuesto de la Generalitat para hacer cumplir la sentencia del 5 de julio del Tribunal Constitucional (TC), de manera que ni un solo euro se destine a financiar un referéndum en Cataluña que es ilegal".

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Según ha explicado en declaraciones a los periodistas en Sevilla, este acuerdo de la Comisión, que se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), viene a complementar el que se firmó el 20 de noviembre de 2015, que sigue "vigente" y que establecía una condicionalidad a la Comunidad de Cataluña para la disponibilidad de los recursos públicos a través de mecanismos de financiación que le otorga el Estado, bajo la obligación de presentar estos certificados con carácter mensual. Lo que hace este nuevo acuerdo es ser "más exigente" y aumentar la periodicidad de estos certificados a semanales.

El secretario de Estado de Hacienda ha asegurado que este nuevo acuerdo se ha establecido por "la escalada de declaraciones públicas" de los máximos responsables de la Generalitat en relación al referéndum "ilegal" en la comunidad. "Es un claro desafío al estado de derecho, a la sentencia del Tribunal Constitucional. La Constitución dice que España es un estado social y democrático de derecho, las sentencias del Tribunal Constitucional hay que cumplirlas", ha garantizado.

En este punto, ha recordado que el TC declaró inconstitucional y nulo de pleno derecho la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 y de manera especial declaró inconstitucional las partidas presupuestarias contenidas en el programa 132, donde "las autoridades catalanas han manifestado la posibilidad de ubicar partidas vinculadas a la organización del referéndum que es ilegal".

"El Gobierno tiene que actuar para cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y garantizar que la financiación que otorga a Cataluña a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que solo este año se sitúa en el entorno de los 3.600 millones de euros, no se destina ni un solo euro a financiar un referéndum ilegal. No lo va a consentir", ha subrayado.

Con este acuerdo complementario el Gobierno va a estar "vigilante" sobre "todas y cada una de la partidas presupuestarias y extrapresupuestarias de todos y cada uno de los centros de gasto que dependen de la Generalitat para que no se destine ni un solo euro al referéndum ilegal y se cumpla de manera taxativa la sentencia del Tribunal Constitucional".

Fernández de Moya ha detallado que será la Comisión, previo informe del ministro de Hacienda, la que determine las medidas a adoptar, "quedando claro que indudablemente puede condicionar" a los mecanismos extraordinarios de financiación como es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "Esto lo conoce la Generalitat. Cuando se ha sometido al FLA ya se establece una condicionalidad clara y estos mecanismos quedan destinados al pago de proveedores", ha subrayado.

OBLIGACIONES

Según ha señalado el secretario de Estado de Hacienda, la Generalitat deberá remitir cada semana un certificado en el que certifique que "no se ha iniciado o tramitado modificación presupuestaria ni expediente de gastos o pagos presupuestarios o extrapresupuestarios para la realización de actividades vinculadas a convocatorias de referéndum ilegal".

Los obligados a remitir estos certificados serán la Intervención General de la comunidad de Cataluña, los responsables económicos y financieros de organismos donde no haya intervención delegada, al director general de Presupuestos y el director general del Tesoro, Pagos y Seguros de la Generalitat.

Además, el interventor general de la comunidad de Cataluña tiene la obligación de remitir el 28 de julio un listado de órganos y entidades que conforman el sector público de la comunidad, así como los nombres y los máximos responsables de los mismos.

Ha detallado que la primera certificación será el 28 de julio y comprenderá del 17 al 23 de julio de este año, pero además el Gobierno exige una certificación complementaria que comprenda desde el 1 de enero de este año al 16 de julio de 2017, que debe ser remitida el 9 de agosto.

"RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS"

Fernández de Moya ha explicado que, de constatarse que la Generalitat ha procedido a financiar el referéndum, el Ministerio de Hacienda dará traslado de la situación a las autoridades competentes de la Comunidad para que exijan las responsabilidades disciplinarias que procedan.

Según ha indicado, el Ministerio puede dar por incumplido el acuerdo cuando "se incumplan los plazos que se dan, cuando se comunique una información que no es requerida, cuando se conculque la idoneidad de la información que se solicite y cuando no se facilite la información requerida".

Además, el periodo de vigencia del acuerdo de la Comisión abarcará "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos de esta comunidad".

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