IU prevé reducir 10 puntos la economía sumergida y mantener la subida del IRPF de 2012

Consolidar el aumento en siete puntos del IRPF -vigente desde 2012 como algo temporal para afrontar la crisis-, impuestos nuevos para gravar los productos de lujo y las transacciones financieras, y reducir la economía sumergida en diez puntos son medidas que IU incluye en su plan fiscal para el 20D.

Precisamente, una de las prioridades de IU es luchar contra el fraude fiscal y, por ello, además de recortar en cuatro años la economía sumergida en diez puntos del PIB (actualmente está en torno al 25%), se ha puesto como meta reducir el fraude fiscal hasta un máximo de tres puntos.

Y para combatirlo, propone, por ejemplo, aumentar la prescripción del delito de fraude hasta los ocho años y la creación de un cuerpo superior de hacienda, que movilizaría a 8.500 técnicos en la prevención y reducción del fraude.

Parte del dinero recuperado se revertiría en un fondo para impulsar la creación de empleo y la economía sostenible, al que, según las estimaciones de IU, se podría aportar unos 45.000 millones de euros anuales como consecuencia de la lucha contra el fraude.

“No es ilusorio”, sostienen fuentes de IU, pensar que cada año se puede recuperar el 14 por ciento del fraude “vivo”.

Quiere también que las rentas del trabajo y del capital tributen en la misma base imponible para mejorar la progresividad, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años -ampliable a seis en el caso de los inmuebles-.

De esta manera, la propuesta de IU sólo considera como renta del ahorro los incrementos que se hayan generado a medio y largo plazo al considerar que “no es justo ni equitativo” considerar como tales “las ingentes plusvalías” derivadas de operaciones especulativas y que se beneficien de tipos impositivos diferentes a los de la tarifa general.

Siguiendo con el tema impositivo, el programa electoral de IU, que defenderá el candidato a la Presidencia, Alberto Garzón, crea también nuevos impuestos como uno especial sobre bienes de lujo, otro sobre las transacciones financieras y un gravamen mínimo del 0,2 por ciento a los depósitos bancarios.

La desocupación de un inmueble tendrá una penalización fiscal al aumentar hasta el cien por cien el recargo en la cuota líquida en el IBI y apoyan una reforma profunda del Impuesto de Actividades Económicas con tarifas que oscilarían entre los 50 euros anuales con carácter general y del 1 por mil hasta el millón de euros.

Nueva es igualmente una tasa, de carácter extraordinario, que gravaría los incrementos patrimoniales obtenidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, quedando exentos los primeros cien mil euros.

A partir de esa cantidad se pagaría un 5 por ciento, que llegaría al 15 al alcanzar los 5.100.000 euros, y a partir de esa cifra se establece un tipo único del 16 por ciento.

Igualmente, están previstas una serie de medidas que afectan al Impuesto de Sociedades, entre ellas el establecimiento de un tipo del 35 por ciento para las bases imponibles superiores al millón de euros.

Tiene también la idea de limitar las deducciones a un máximo del 3 por ciento de la base imponible y a otro 5 por ciento como máximo complementario si se vincula directamente con la creación de empleo estable.

A IU le preocupa además los “notorios abusos” de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) y por ello, aparte de trabajar en Europa por su eliminación, prevé extender el límite máximo de participación (5 por ciento del capital) a éstas y a todas las modalidades de inversión.