Juez ordena buscar documentos de la deuda de la firma de la familia de Macri con el Estado

Un juez argentino admitió hoy varias medidas pedidas por la Fiscalía como la búsqueda de documentación en la investigación sobre el papel del presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en un acuerdo del Estado con una empresa de familiares del mandatario.

Según confirmaron a Efe fuentes oficiales, el magistrado federal Ariel Lijo dio lugar a la petición del fiscal Juan Pedro Zoni de iniciar una investigación para determinar posibles “conductas delictivas” en un acuerdo para cobrar una deuda que desde 2001 tiene con el Estado la sociedad Correo Argentino, adjudicataria del servicio oficial de correo desde 1997 a 2003.

Entre las primeras medidas establecidas por Lijo está la búsqueda de información relativa al concurso de acreedores en el que entró la empresa en 2002 y que todavía no está resuelto.

En el marco de esa medida, un grupo agentes se dirigió a la sede del Ministerio de Comunicaciones en Buenos Aires para que las autoridades de la cartera entreguen información de, entre otros asuntos, los antecedentes y proyectos que haya sobre el concurso de Correo Argentino.

Las mismas fuentes especificaron que no se trata de un allanamiento sino de un “procedimiento” por el que se entregó la información solicitada.

La semana pasada, Macri anunció su decisión de instruir al Ministerio de Comunicaciones de volver a “hoja cero” todo lo actuado en el concurso por el Estado tras la fuerte polémica sobre los términos económicos del acuerdo y el supuesto conflicto de intereses dado el vínculo entre el mandatario y los accionistas de la empresa.

La controversia surgió hace dos semanas, cuando la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, cuestionó el acuerdo -aún no homologado por la Justicia- por “abusivo” ya que, en su opinión, implica prácticamente la condonación de la deuda a la empresa.

La deuda se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos, que en aquel momento equivalía a igual cantidad de dólares pero que hoy, debido a la depreciación del peso y a que por ley no se puede indexar, equivale a unos 18 millones de dólares.

Macri defendió la actuación de Aguad y la cartera que dirige, pero resolvió recular en el acuerdo alcanzado para que la Justicia proponga otro, sin dudas sobre su transparencia.

No obstante, hoy se conoció que un tribunal convocó una audiencia en marzo entre el Estado y la empresa después de que el Ministerio de Comunicaciones, que actúa en este concurso en representación del Estado como acreedor, se presentara ante el tribunal para dejar sin efecto la aceptación que había hecho en junio de 2016 a una propuesta de pago de la deuda por parte de la empresa.