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Junta de Andalucía presenta ante el TC su segundo recurso contra la normativa de tasas judiciales del Gobierno

Afirma que esa nueva normativa está provocando "trasvase" de demandas de la jurisdicción civil a la penal

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El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha anunciado este jueves que la Junta ya ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) el segundo recurso contra la normativa de tasas judiciales aprobada por el Gobierno del Estado, al considerar que las modificaciones realizadas a la ley inicial son insuficientes y siguen limitando el acceso al servicio de Justicia por cuestiones económicas.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el consejero ha subrayado que la reforma del Gobierno, a través de decreto ley, de la ley de tasas judiciales mantiene los mismos motivos de inconstitucionalidad que en su día llevaron a recurrir la norma estatal, ya que sigue generalizando el pago por el acceso a la administración de justicia, hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

De Llera ha mostrado su total confianza en que este nuevo recurso sea también admitido a trámite por el Constitucional porque la corrección llevada a cabo por el Estado a través del decreto ley se ha limitado a aspectos muy concretos que no implican una modificación sustancial del régimen establecido en la ley y, por tanto, ésta sigue afectando claramente a principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional.

El consejero ha aprovechado para denunciar que, como consecuencia de la nueva normativa de tasas judiciales, se está produciendo un "trasvase" de demandas de la jurisdicción civil a la penal.

Ha expuesto que tiene conocimiento de que muchas demandas civiles se están presentando como querellas criminales para eludir el pago de las tasas, de manera que estamos volviendo a lo que se llamaba la "querella catalana". Estamos atisbando, según ha apuntado, que hay un trasvase de las jurisdicción civil a la penal de las reclamaciones patrimoniales.

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