“Kubati” (Sortu): La delación sería un “suicidio político” para el EPPK

El representante de Sortu y exrecluso de ETA Antton López Ruiz “Kubati” ha dicho hoy que para el colectivo de presos de la banda terrorista (EPPK) -que pretende ahora optar a beneficios penitenciarios- tener que denunciar a sus “compañeros” con causas pendientes sería “un suicidio político”.

Antton López, quien cumplió 26 años de prisión por 13 asesinatos, entre ellos el de la dirigente etarra Dolores González “Yoyes”, ha hecho esta reflexión durante una rueda de prensa que ha ofrecido en San Sebastián, acompañado por Oihana Garmendia, con quien comparte la portavocía de la Comisión de Sortu por los Presos.

Durante la comparecencia, ambos han valorado las conclusiones del documento con el que el EPPK ha completado su debate interno y en el que los presos aceptan “el recorrido de la vía legal” para acceder a beneficios penitenciarios“, aunque advierten de que ”nadie“ les pida ”ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros“.

A este respecto, “Kubati” ha insistido en que la cooperación “es una cuestión que el colectivo no va a aceptar porque se le exige colaborar con algo que ni siquiera está bien visto por la sociedad”.

“No vamos a aceptar ese tipo de cuestiones porque en definitiva sería su suicidio político”, ha dicho López antes de recordar que “la izquierda abertzale ha tenido muy claro desde el principio” que la Ley 7/2003, que establece requisitos específicos para los condenados por terrorismo, “no es válida para caminar por la vía que se necesita en estos momentos”.

A su entender, esta ley “expresa una condición de vencedores y vencidos”. “Creemos que la solución a este conflicto no entra dentro de esos parámetros” ha dicho, porque se trata de un “esquema” con el que “no se puede alcanzar una paz estable y justa”.

“No estamos dispuestos a vender nuestra cabeza política, exigirnos que tenemos que delatar a nuestros compañeros está fuera de lugar”, ha insistido.

López ha reclamado que a los presos de ETA les sea de aplicación la “ley ordinaria”, al igual que al resto de reclusos, si bien ha avanzado que, en su opinión, no será “un proceso fácil” ya que “todos los indicios apuntan a que el Estado seguirá queriendo aplicar la legislación 'de excepción' 7/2003”, con la que “tratará de entorpecer la nueva vía abierta” por el EPPK.

Por este motivo ha reclamado que la Ley 7/2003 sea “reformada, acoplada o adecuada al actual momento político”, al tiempo que ha hecho “un llamamiento a todos los actores que han tenido responsabilidad en este conflicto para que, al igual que el EPPK, muevan sus posiciones”.