Llarena debe decidir si acude al SEPBLAC en relación con las fianzas pagadas por ANC y Ómnium

Dicha información sería consecuencia de la denuncia que este partido político interpuso el pasado mes de noviembre directamente ante el SEPBLAC, han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

Vox acudió al servicio dependiente del Ministerio de Economía a raiz del pago de las fianzas que permitieron la libertad de la expresidenta del Parlament - por 150.000 euros- y de cuatro de los miembros de la Mesa -100.000 euros cada uno- el pasado mes de noviembre y de seis exconsejeros de Gobierno de Carles Puigdemont - un total de 600.000 euros- menos de un mes después.

Según Vox, de la disponibilidad de dichos fondos en la 'caja de resistencia' gestionada por ANC y Ómnium se desprende que ambas son “organizaciones delictivas dentro de la estructura golpista secesionista, orquestada desde el gobierno de la Generalidad de Cataluña, presidido por Carles Puigdemont y por la Mesa del Parlamento autonómico presidido por Carme Forcadell”, con la misma finalidad delictiva de rebelión, sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y otros delitos que esta parte considera cometidos.

Añaden que por esta razón el abono de las citadas fianzas debe ser investigado “con diligencia”para conocer la procedencia de ese dinero, “que pudiera tener un origen delictivo, desconocido o ilegal” vulnerando la normativa contra el blanqueo de capitales, de fiscalidad, o de malversación de fondos públicos.

Esta petición podría contar con el visto bueno de la Fiscalía según se desprende de un escrito en el que el Ministerio Público, según ha adelantado El Confidencial, informa sobre determinadas peticiones formuladas por Vox en la causa en la que el juez de Instrucción número 13 de Barcelona investiga si hubo malversación en la preparación del referéndum ilegal del pasado 1 de Octubre.

Por su parte el juez del número 13 ya ha dado autorización a la Guardia Civil para acceder a otros datos del SEPBLAC, concretamente a su fichero de e titularidades financieras, para investigar cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas físicas y jurídicas -es decir, también las empresas- relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del 1-O.