Montoro cree que el acuerdo sectorial evitará “errores” en la seguridad privada

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, espera que el acuerdo firmado ayer por los ministerios de Fomento, Empleo y Seguridad Social e Interior con sindicatos y empresarios de seguridad privada evitará los “errores” y “situaciones indeseadas” que se han producido en el sector.

Cristóbal Montoro ha respondido así al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, que le ha preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso si tiene pensado el Ejecutivo “continuar firmando y manteniendo contratos públicos con empresas piratas de seguridad que no cumplen el convenio colectivo del sector ni sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social”.

El titular de Hacienda ha reconocido que “se han producido situaciones indeseadas por todos y la rescisión de esos contratos”.

No obstante ha recordado que ahora “tenemos una nueva ley de contratos del sector público y un acuerdo importante firmado ayer mismo por la tarde”.

“Por eso reconozcamos que efectivamente ha habido errores pero estamos en el camino de resolverlos y le solicito también el apoyo de su grupo político como ha hecho en la ley”.

De todas formas Montoro ha aclarado que “los contratos públicos se han celebrado de acuerdo con la normativa vigente y exigen el cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”.

El ministro ha destacado del citado acuerdo la importancia que otorga “a la calidad y el aseguramiento de las condiciones adecuadas para los trabajadores en la contratación de este tipo de servicios”.

“En esta línea se asumen unos compromisos como exigir a las empresas unas condiciones de solvencia adecuadas y el respeto de las obligaciones en materia social y laboral y a la ley de contratos del sector público”, ha añadido.

Por su parte Alberto Rodríguez ha comentado que “en el sector de la seguridad privada en nuestro país hay en torno a 80.000 trabajadores que desde hace muchos años sufren la lacra de las empresas piratas”.

Ha agregado que “estas empresas van más allá de la reforma laboral e incumplen sistemáticamente el convenio colectivo y sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social y hay múltiples sentencias que lo acreditan”.

“Pero lo que es peor aún y creo que es casi sadismo, teniendo en cuenta el dinero público que manejan, es que en muchas ocasiones ni siquiera les pagan el salario a los trabajadores y muchos tienen que ir a organizaciones humanitarias para poder comer”, ha apostillado.

El parlamentario de Podemos ha subrayado que “todo esto sucede en las administraciones públicas que firman contratos con estas empresas a un coste muy inferior al ofertado inicialmente”.

“Esto no solo tira a la baja las condiciones laborales del sector sino que además afecta a la seguridad de toda la sociedad, ministerios, instalaciones de defensa o transporte y quizá el Metro de Madrid es lo más conocido, que sufren una merma de la seguridad por las condiciones de absoluta precariedad en la que los trabajadores desarrollan su trabajo”, ha advertido.