El Observatorio duda de que las autonomías puedan mantener atención a los dependientes

La atención que prestan las comunidades autónomas a las personas dependientes no podrá mantenerse a causa de los recortes en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Gobierno, según el Observatorio de la Dependencia.

En su X Dictamen, el observatorio analiza los últimos seis meses de aplicación de la ley y califica de “especialmente preocupantes” aspectos como la financiación “insuficiente” del sistema “territorialmente injusto”, el sobredimensionamiento de la prestación a cuidadores familiares y el limbo de la dependencia.

“Las comunidades autónomas, desde la deslealtad institucional que está haciendo el Gobierno con los recortes en dependencia, no pueden mantener si quiera la atención a la dependencia que están dando actualmente”, ha sostenido el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha explicado el informe en rueda de prensa.

Ramírez ha señalado que el Estado ha pasado de cubrir el 39,2 por ciento de las facturas de los servicios en 2009 al 21,4 por ciento en 2012, y, que en 2013 bajará de este porcentaje por “el recorte de 200 millones de euros” que llevará a cabo el Ejecutivo en el SAAD.

Según sus datos, 770.949 personas figuraban como beneficiarias del Sistema, pero aún 230.203 tenían reconocido el derecho a recibir las ayudas y no las habían recibido (el 23 por ciento del total).

Para el Observatorio, esta cifra si bien representa un descenso respecto a periodos anteriores, supone “un espejismo estadístico” por las bajas resultantes de la modificación del calendario de la ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta 2015, además de los fallecimientos que durante la espera se han producido.

En cuanto al plazo medio desde que el dependiente entrega la solicitud de ayudas de la ley hasta que recibe el servicio se sitúa entorno a los 15 meses (tres para la valoración y doce para el acceso al servicio), si bien el Observatorio aclara que hay expedientes que pueden superar esos plazos, por lo que “no es extraño” que se produzcan fallecimientos en ese periodo.

101.000 personas están pendientes de ser valoradas y entrar en el sistema.

El Observatorio recuerda que el Consejo Territorial acordó en su día que la espera se acortase a los seis meses, que sería el límite legalmente admisible, por lo que resulta “evidente” que los plazos se incumplen en muchos expedientes.

También subraya el informe que en los últimos meses se ha producido una “revisión brutal” adjudicando grados por debajo del obtenido a personas dependientes en su día con grados superiores.

En cuanto a la valoración de las comunidades autónomas, tres de ellas destacan “de manera notable” en cuanto al desarrollo del SAAD y es Castilla y León, una vez más, la que con una puntuación de 9,2 se sitúa la primera de la lista, seguida de País Vasco, con 7,5 y de Andalucía, con un 7,1.

La mitad de las autonomías suspende y baja la puntuación respecto a dictámenes anteriores y son la Comunidad Valenciana (0,8), Canarias (2,1), Ceuta y Melilla (2,1) y Baleares (2,5) las que se “empecinan” en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley contempla.

Destaca el descenso de alguna comunidad como es el caso de Aragón (3,8), que por primera vez suspende, así como el “retroceso” de Castilla-La Mancha que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado (5,8).

Pasan del cinco, por primera vez, Navarra (5,4) y Galicia (5,8).

En general, el Observatorio constata una tendencia “muy negativa” en la implantación de la ley y la puntuación de media ha descendido con respecto al anterior semestre de 2012 al pasar de 4,88 a 4,72.

Ramírez ha insistido en el potencial del sistema de dependencia como generador de empleo puesto que por cada millón de euros que se invierte se generan alrededor de 30 puestos de trabajo.

Además, ha criticado el uso “perverso” que, a su juicio, ha hecho el Gobierno del informe del Tribunal de Cuentas sobre el SAAD, con datos desde 2007 hasta 2011, que indica que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios.