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Oposición en Valdemoro (Madrid) exige cancelar contratos con Cofely, comisión de investigación y auditoría

La oposición en el Ayuntamiento de Valdemoro (PSOE, IU, UPyD, PIVV y TUD) ha exigido este martes la cancelación de los contratos firmados con Cofely --la empresa sobre la que pivota la Operación Púnica--, además de la celebración de una comisión de investigación y una auditoría de la situación económica del municipio.

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Ante la "trama organizada de corrupción generalizada", la oposición cree "urgentes y necesarias" una serie de medidas a poner en funcionamiento en el Ayuntamiento de Valdemoro "en pos de la regeneración democrática, la transparencia y la dignidad" de los ciudadanos a los que representan.

Asimismo, todos los partidos de la oposición han reclamado la "dimisión inmediata de todos los miembros del equipo de Gobierno imputados por las diferentes causas", así como apertura de expediente a los funcionarios municipales calificados como imputados.

El alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, y el concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde de la localidad, Javier Hernández, detenidos en en el marco de la Operación Púnica anunciaron ayer que "de manera inminente" presentarán la dimisión de todos sus cargos, según señaló el Ayuntamiento a través de un comunicado oficial.

Asimismo, los partidos de la oposición han reclamado la cancelación inmediata del contrato de Cofely y de todos aquellos que se deriven de las investigaciones en marcha, además de la creación de una comisión de investigación de los contratos, convenios y acuerdos del Ayuntamiento de Valdemoro de privatización de servicios públicos y contratación de servicios, presidida y con mayoría de miembros de la oposición.

Otra medida planteada es una auditoría pública y urgente de la situación económica del municipio, además de la puesta en marcha de una comisión informativa especial para colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se presumen, cuyo objeto deberá ser la investigación de las recalificaciones de suelo en el periodo comprendido entre 1999 y 2011.

Asimismo, la oposición insta a acometer las acciones legales necesarias por parte de los servicios jurídicos municipales para reclamar las cantidades económicas que hubieran podido recibir los imputados por el presunto cobro de comisiones ilegales en la contratación de servicios públicos, además de la personación del Ayuntamiento como acusación contra los imputados "como afectado por las presuntas actividades delictivas contra los intereses municipales".

Igualmente, piden la eliminación de la delegación de competencias a la Junta de Gobierno Local y concejales en materia de contratación, traspasándola al Pleno de la Corporación, además de la restitución de los grupos de la oposición en la Mesa de Contratación, con representación de todos en ella, y la creación de la Mesa de Vigilancia de la Contratación, presidida por la oposición.

La décima y última propuesta pasa por la constitución urgente de la Mesa de Transparencia, para que en un mes plantee todas aquellas medidas necesarias para garantizar un funcionamiento del Ayuntamiento con la máxima participación e información del Gobierno municipal. La mesa ejercería también de órgano de control y supervisión de la eficacia de las medidas.

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