El PP no emprenderá acciones contra el preacuerdo soberanista porque no tiene validez jurídica

El portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez, ha afirmado este martes que no emprenderán acciones legales contra el preacuerdo de hoja de ruta soberanista firmado el lunes por CDC, ERC, Reagrupament, Òmnium Cultural, ANC y AMI porque no ve “ninguna validez jurídica”.

En rueda de prensa en el Parlament, ha subrayado que “un preacuerdo no es un compromiso legislativo ni un acuerdo de Govern ni saldrá publicado en ninguna diario oficial”.

Considera que “este preacuerdo es un engaño más, una cortina de humo, una zanahoria para intentar reavivar este proceso soberanista que está en decaída”.

“Ahora dicen que las elecciones del 27S serán plebiscitarias, cuando es una figura que no existe”, ha dicho, y ha insistido en que serán unas elecciones autonómicas en las que los catalanes no deberán escoger si cambian de país, sino de gobierno.

“Nuestra obsesión será demostrar que es necesario e imprescindible que haya un cambio de gobierno”, según él.

También considera que, con este preacuerdo, CDC y ERC pretenden cambiar las leyes que no les gustan e imponer otras, lo que “de democrático no tiene nada”.

Para Rodríguez, “mientras algunos firman acuerdos para seguir engañando a los catalanes”, el PP hace de oposición constructiva, y han registrado dos proposiciones de ley en el Parlament relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

DIETAS

La primera proposición pretende modificar la ley del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat de 2005, para que no reciban un complemento a su retribución en forma de dietas por asistir a órganos colegiados a los que van por sus responsabilidades.

Ha puesto como ejemplo que los 18 miembros del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información cobran 573 euros por ir a las reuniones mensuales, lo cual “no tiene razón de ser” porque sería como si los consellers cobraran dietas para estar en las reuniones del Consell Executiu.

Esta proposición propone también prohibir que los altos cargos tengan participación --directa o a través de familiares directos-- en alguna empresa adjudicataria de servicios públicos.

LÍMITES RETRIBUTIVOS

La segunda proposición de ley establece unos límites retributivos a los directivos de empresas o instituciones públicas, que --en el caso de los más elevados-- serían de 90.000 euros, “por debajo de los sueldos de los consellers”.

El PP propone establecer en este sentido tres categorías de empresas según varios parámetros --como el número de trabajadores y la cifra de negocio-- y, por tanto, tres límites salariales.