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PSOE pide devolver al Gobierno la reforma de la financiación autonómica porque limita la política económica de las CCAA

CiU alega que se están incumpliendo las dos leyes que se pretenden modificar

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El PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), ERC y BNG han presentado en el Congreso enmiendas a la totalidad del proyecto de ley orgánica que modifica la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el PSOE, las modificaciones que quiere hacer el Gobierno podrían "limitar sustancialmente la política económica".

Según se explica en la enmienda presentada el martes por el PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden la devolución del proyecto de ley por varios motivos. Entre ellos, señalan que con este "parche" el Gobierno "reconoce su incapacidad" de elaborar y aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, "no abordando el problema de fondo de la sostenibilidad de las cuentas autonómicas y del Estado del bienestar".

En materia de estabilidad presupuestaria, el PSOE cree que se ponen de manifiesto "los incumplimientos del Gobierno" de la ley de estabilidad. También ven "un cambio de modelo hacia la recentralización frente a la autonomía de las comunidades autónomas" al convertirse el Estado en "el principal financiador de las mismas" y obtener así "un nivel de control efectivo" sobre sus prioridades de gasto.

En este sentido, el PSOE sospecha que el proyecto de ley podría ser contrario a los estatutos de autonomía de las comunidades, en particular aquellos relativos a la autonomía de gestión y la autonomía financiera, y advierte de que las restricciones en materia de avales y garantías públicas pueden llegar a "limitar sustancialmente la política económica" de las comunidades.

REFORMAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

CiU denuncia en su enmienda el incumplimiento de las dos leyes que se pretenden modificar y subraya la importancia de que se reforme el modelo de financiación autonómica este año para garantizar el gasto de los servicios sociales que vienen prestando las comunidades, apuntando que, en cualquier caso, se estaría haciendo con retraso.

Asimismo, indica que las nuevas obligaciones de las comunidades autónomas para reducir el riesgo y el coste de los avales que conceden añaden "un capítulo más a la política de laminación de su autonomía financiera".

Sobre la ley de estabilidad presupuestaria, CiU dice que no es oportuno modificarla para limitar la capacidad de otorgar avales a las comunidades autónomas, en particular cuando no cumplen los objetivos de déficit, y a su vez no garantizar que dichos objetivos se ajustan a lo que establece la ley, en el sentido de que la reducción del déficit por parte del Estado y las comunidades debe hacerse de manera equilibrada entre ambas administraciones.

EL GOBIERNO AUMENTA SU ROL FISCALIZADOR

La Izquierda Plural, ERC y el BNG afirman en sus enmiendas que el Gobierno pretende una "centralización", mientras que UPyD aboga por una reforma profunda del sistema de financiación. Los tres primeros censuran la exigencia de una mayor vigilancia de los riesgos y costes asumidos en la concesión de avales, reavales y garantías sobre operaciones de crédito con la que, según la Izquierda Plural, el Gobierno aumenta su rol fiscalizador sobre la actividad de las comunidades.

Tanto la Izquierda Plural como el BNG critican también que el Estado pueda retener importes del sistema de financiación de las comunidades si estas tienen obligaciones pendientes de pago con las entidades locales relativas a transferencias o convenios en materia de gasto social.

UPYD PIDE ELIMINAR LOS REGÍMENES FORALES

UPyD ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de realizar "los cambios de mayor calado que ambas leyes necesitan de forma urgente". Sobre el modelo de financiación autonómica, mantiene que tanto el régimen común como el sistema foral presentan "serias carencias", y apuesta por una reforma "a fondo" que elimine los regímenes forales vasco y navarro y, hasta que eso se haga, garantice la igualdad y una adecuada prestación de los servicios a los ciudadanos.

En cuanto a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha criticado la "falta de voluntad política de utilizarla". Concretamente, se ha referido a las negociaciones "discrecionales, a puerta cerrada y sin publicidad" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con algunas comunidades que incumplen los objetivos marcados. Además, ha defendido una serie de controles previos más ambiciosos que los contemplados en la ley.

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