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El Plan de Paz incorpora el "suelo ético" y destaca la injusticia de ETA

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El Plan de Paz incorpora el "suelo ético" y destaca la injusticia de ETA

El Plan de Paz incorpora el "suelo ético" y destaca la injusticia de ETA

La versión definitiva del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco incorpora íntegramente el acuerdo del llamado "suelo ético" y recoge una "valoración expresa" de la "injusticia" de la violencia de ETA, a la que exige su disolución "sin condicionamiento político".

El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha dado a conocer hoy en San Sebastián el texto definitivo del plan, presentado en junio y modificado con la incorporación de las sugerencias procedentes de 28 aportaciones de partidos políticos y colectivos sociales.

El nuevo plan incluye, como anexo, el texto íntegro del llamado "suelo ético" acordado en la pasada legislatura por PNV, PSE-EE, PP y Aralar y comienza con un preámbulo que sirve como "marco de interpretación", en el que pretende clarificar la posición en torno a las cuestiones más controvertidas, entre las que Fernández ha citado "los mínimos éticos y democráticos; la posición ante el final de ETA; la narrativa del pasado; el tratamiento de vulneraciones de signo diferente, y el sentido de prioridad ante el futuro".

El preámbulo destaca que, de todas las vulneraciones de derechos cometidas en Euskadi, la violencia de ETA merece una "valoración expresa de su injusticia".

"Por su prolongación en el tiempo, por su intencionalidad de imposición política, por perpetuarse después de la Transición y de la amnistía general, por el acompañamiento sociopolítico con el que ha contado y, sobre todo, por la gravedad e intensidad del balance de daños humanos e irreparables producido, la violencia de ETA requiere una valoración expresa de su injusticia, especialmente, del daño injusto causado a las víctimas y sus familias", manifiesta el plan en su nuevo redacción.

No obstante, recoge también la necesidad de "reconocer y reparar" otras vulneraciones de derechos, como "las procedentes de las fuerzas de seguridad en nombre del Estado, de grupos parapoliciales y de extrema derecha".

En el preámbulo se establece la "exigencia del final, desaparición o disolución de ETA, sin condicionamiento político" como "primer objetivo" del plan, para lo que aboga por un "desmantelamiento ordenado, seguro y definitivo de sus estructuras militares".

El documento renuncia a "imponer" un relato de lo ocurrido, sino que únicamente pretende "contribuir a una narrativa crítica del pasado", para lo que recurre a la literalidad de uno de los principios del llamado "suelo ético", que establece la posibilidad de que se puedan dar "una pluralidad de interpretaciones sobre la génesis de la vulneración de derechos humanos".

Como criterio, sostiene que "en el relato crítico y compartido del pasado, ningún argumento -ni de contexto político, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado ni la prevalencia del futuro-, puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra violación de los derechos humanos".

Entre las 27 enmiendas concretas que se han atendido, el nuevo texto incorpora a los huidos de ETA en el apartado referido a la reinserción de los presos e incluye una mención expresa a la necesidad de "superar las políticas de excepcionalidad", según ha explicado Fernández

Asimismo, se han matizado algunas expresiones y ahora, en lugar de reclamar "medidas de sentido común" para los presos "cuyas condenas están relacionadas con actividades políticas, antes ilegalizadas, y ahora legales", el nuevo plan se queda en exigir "respuestas legales" para abordar estos casos, en el que podría incluirse al líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi.

También añade la posibilidad de crear un "mecanismo independiente e imparcial" para estudiar los casos de torturas, un aspecto no incluido en la primera propuesta.

Igualmente elimina la propuesta de ubicación en Gernika (Bizkaia) del futuro Instituto de la Memoria y matiza el polémico capítulo sobre la Ertzaintza, para que "quede claro que se trata de un programa de continuidad del compromiso" de este cuerpo policial "con los derechos humanos y la convivencia".

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