Veinte detenidos en tres comunidades por fraude a la Seguridad Social y al SEPE

La Policía Nacional ha desmantelado una trama de fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una operación que se ha desarrollado en Cantabria, País Vasco y Galicia y que se ha saldado con la detención de veinte personas.

En Cantabria han sido detenidas doce personas - entre ellas los dos presuntos responsables de la trama, A.C.L, de 40 años y JR.M.E, de 43, ambos domiciliados en Castro Urdiales-, en el País Vasco han tenido lugar siete arrestos y en Galicia, uno.

Según informa hoy la Jefatura Superior de Cantabria en una nota de prensa, los dos detenidos en Castro Urdiales supuestamente facilitaban falsos contratos de trabajo a través de empresas ficticias a cambio de dinero para dar de alta en la Seguridad Social y así regularizar la situación de extranjeros, el acceso a prestaciones por desempleo o a beneficios penitenciarios.

Las prestaciones obtenidas de forma indebida han causado un perjuicio a la Seguridad Social de 145.000 euros.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó irregularidades en agosto en dos empresas de Castro, que comprobó que no eran reales y estaban presentado altas basadas en contratos fraudulentos.

A partir de ahí, comenzó la operación, que se ha realizado en dos fases, la primera de ellas en Cantabria, en la que se actuó sobre los principales encartados y trabajadores de las empresas ficticias localizados en la provincia, y en una segunda, sobre los implicados en el País Vasco y Galicia.

La Policía detalla que el entramado funcionaba de forma que los dos presuntos responsables compraban empresas ya constituidas que habían cesado en su actividad, carecían de trabajadores y estaban al corriente con el pago en cuotas a la Seguridad Social.

Después, a través de un sistema telemático de la Tesorería General de la Seguridad Social, gestionaban las contrataciones fraudulentas de trabajadores.

Los trabajadores son personas en situaciones laborales y económicas “de necesidad”, en algunos casos a falta de pequeños periodos de cotización para acceder a prestaciones y en otros casos, con derecho a ellas, pero que dejaron pasar los plazos para su obtención.

A cambio de pagar mensualmente unos cuatrocientos euros, obtenían un contrato de trabajo fraudulento que les facilitaba la posibilidad de acceder a derechos y prestaciones que de otra manera no podrían obtener.

El grupo investigado también facilitó supuestamente contratos a personas que cumplen condena, a cambio de beneficios penitenciarios.