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Viajes y dietas, asignatura pendiente en transparencia en las comunidades

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Viajes y dietas, asignatura pendiente en transparencia en las comunidades

Viajes y dietas, asignatura pendiente en transparencia en las comunidades

El desnudo integral de sus finanzas anunciado por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, se ha ido implantando progresivamente para los mandatarios de muchas comunidades autónomas, obligados a dar cuenta de sus rentas y su patrimonio, aunque aún no de las dietas y de los viajes.

Monago ha prometido publicar en enero toda la información financiera que le concierne, incluido el estado financiero de sus cuentas, préstamos, avales, valores, depósitos, planes, fondos e hipotecas y, según dijo, hasta los recibos del supermercado.

Según sus palabras, situará el "techo" de la transparencia "más alto aún de lo que lo ha puesto nadie en el país".

A falta de que el propio Monago concrete el alcance de su promesa, el catedrático Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional, ha recordado, en declaraciones a Efe, que en buena parte de las comunidades autónomas los presidentes y consejeros están obligados a informar de "casi todo" desde hace tiempo y en otras lo han hecho en los últimos años de forma voluntaria.

Una exigencia que se va a generalizar en los próximos meses a raíz de la entrada en vigor y posterior desarrollo de la ley estatal de Transparencia y Buen Gobierno, prevista para el 10 de diciembre.

La primera comunidad en exigir "bolsillos de cristal" a sus gobernantes fue Castilla-La Mancha, donde, desde que gobernaba José Bono, miembros del Gobierno y parlamentarios deben informar de sus bienes, rentas y actividades cada año y, además, cuando toman posesión y cuando cesan.

Según el último informe de Transparencia Internacional, la mayor parte de las autonomías informa, al menos, de las retribuciones de sus altos cargos, algo que no ocurre en Madrid ni en Aragón, si bien en esta comunidad se tramita una ley para dar publicidad a esa información.

En el caso del País Vasco, el acceso a la información sobre los bienes de los altos cargos se reserva al Gobierno, al Parlamento y a jueces y fiscales. En esta comunidad, se regula la participación de familiares de los altos cargos en empresas que contraten con la administración y se les prohíbe tener relación durante dos años con empresas con las que hubieran tenido relación directa.

El Gobierno andaluz informa desde la llegada de Susana Díaz a la Presidencia de toda la información financiera de los miembros del Gobierno, igual que lo hacen sus parlamentarios.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, hizo pública su retribución y sus bienes en febrero de 2013 en una web en la que también se informa de los sueldos de los consellers y altos cargos.

También dio a conocer su patrimonio ese mismo mes el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Pero la información que aportó era del año 2011, previa a la compra del ático de Marbella, lo que motivo las críticas de la oposición.

Caso curioso es el de Murcia, donde los parlamentarios declaran toda su información financiera, que se publica en la página web, pero uno de ellos, Juan Bernal, que también ha sido consejero de Economía y Hacienda, se ha negado a hacerlo.

En Asturias, los miembros del Gobierno y del Parlamento tienen colgadas su nómina y su declaración de bienes en las webs institucional del Principado, una medida a la que se sumó el actual presidente, el socialista Javier Fernández, cuando todavía era candidato al publicar su declaración de la renta y la de su esposa en la página de su partido.

Los miembros del Gobierno de Castilla y León publicaron sus bienes y rentas en 2011 y harán lo propio en 2015, mientras en Galicia se ha hecho esta legislatura de forma voluntaria y en el futuro se hará por imperativo legal.

De forma voluntaria ha publicado esos datos el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y los miembros del Ejecutivo balear lo hacen desde 2011 tras la aprobación de un código ético que les impide recibir regalos y les obliga a volar en clase turista.

Los ciudadanos también pueden comprobar en internet la información sobre las cuentas de los miembros de los gobiernos de Navarra y La Rioja

En la Comunidad Valenciana, la ley de Transparencia y Buen Gobierno que ha empezado a tramitarse incluye la obligatoriedad de declarar los viajes y desplazamientos realizados fuera de la región por motivos del cargo, indicando el objeto, la fecha y su coste total, incluidas dietas y otros gastos de representación.

Esa es precisamente la principal laguna que aprecia Transparencia Internacional en las diferentes instituciones del Estado, un asunto que ha cobrado relevancia mediática en las últimas semanas a raíz de la polémica suscitada por los viajes a Canarias de Monago cuando era senador.

Esta semana, el Congreso y el Senado han acordado publicar cada tres meses el gasto total en viajes de los diputados y senadores, ya sea al lugar de residencia del parlamentario, para asistir a actos políticos de partido, o en el marco de delegaciones oficiales de la Cámara.

No obstante, ese acuerdo no obliga a los grupos a publicar los viajes individualizados.

El ejemplo a seguir, a juicio de Manuel Villoria, debería ser el Consejo General del Poder Judicial, que hace públicos sus contratos, sus presupuestos, así como los gastos, viajes y retribuciones de sus vocales tras un acuerdo suscrito con Transparencia Internacional después de la polémica de los viajes que motivó el relevo de su expresidente Carlos Dívar.

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