La baja adhesión a las protestas le da un respiro a Rousseff, según el Gobierno

La baja adhesión que tuvieron las manifestaciones realizadas este domingo por grupos que impulsan la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue “como un balón de oxígeno” para el Gobierno, evaluaron hoy fuentes oficiales.

Las protestas fueron convocadas por movimientos sociales ajenos a partidos políticos, aunque tuvieron apoyo de algunas formaciones de la oposición, como el influyente Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Según la policía, las manifestaciones que se realizaron en casi un centenar de ciudades movilizaron a unas 83.000 personas en todo el país, un número contestado por los organizadores, que aseguraron que hubo unos 400.000 participantes.

Aun así, la adhesión distó mucho de las cerca de 2,5 millones de personas que tomaron las calles de Brasil en otras protestas que se realizaron este mismo año, también para exigir el inicio de un juicio con miras a la destitución de la mandataria.

Rousseff analizó el resultado de las protestas en una reunión que sostuvo hoy con una decena de ministros y, aunque tras el encuentro no hubo declaraciones a la prensa, fuentes oficiales dijeron que la escasa asistencia fue como un “balón de oxígeno” para la presidenta.

“Alivia un poco la presión, aunque no basta para decir que está todo resuelto”, dijo a Efe un portavoz de la Presidencia, en alusión a que el trámite para el inicio de un juicio político contra la jefa de Estado puede ser reanudado esta misma semana.

La apertura de los trámites fue autorizada hace diez días por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la decisión de aceptar o no el inicio de un proceso con miras a la destitución de un mandatario.

El proceso comenzó el martes de la semana pasada, pero ese mismo día el Tribunal Supremo lo paralizó ante una demanda presentada por el oficialista Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que pidió esclarecer algunos procedimientos.

Los once magistrados del Supremo han anunciado que se reunirán el próximo miércoles para analizar esa demanda, tras lo cual el trámite deberá ser reiniciado en la Cámara de Diputados.

“Hasta que no concluya todo ese proceso, el Gobierno debe seguir muy atento”, explicó la fuente consultada por Efe.

El proceso está fundamentado en unas maniobras fiscales que el Gobierno hizo en 2014 para maquillar sus resultados y que, según organismos de contraloría del Estado, continuaron durante este año.

Según la oposición, esas maniobras constituyen un “delito de responsabilidad”, que es una de las causas que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario, aunque el Gobierno lo niega y sostiene que no pasan de “errores administrativos” que son “comunes” en la administración pública brasileña.