Los candidatos del Congreso al CGPJ aseguran independencia sin servilismo a los partidos

Los cuatro candidatos propuestos por el Congreso de los Diputados para ser vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han asegurado hoy que defenderán la independencia de los jueces “sin servilismo” a los partidos que les han promovido.

Todos los grupos parlamentarios salvo UPyD han considerado en la Comisión Consultiva de Nombramientos de la Cámara Baja idóneos a los propuestos, la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, el letrado y exdiputado socialista Álvaro Cuesta, la secretaria judicial María Concepción Saez Rodríguez y el abogado Enrique Lucas Murillo, promovidos respectivamente por el PP, PSOE, IU y PNV.

Una vez que han comparecido en la citada comisión parlamentaria sus candidaturas serán aprobadas definitivamente en el Pleno del Congreso del martes próximo en virtud del amplio acuerdo parlamentario alcanzado, por el PP, PSOE, IU, CiU, PNV y UPN, del que se ha desmarcado UPyD.

Estos candidatos del Congreso más los cuatro que designará el Senado la semana próxima conforman los ocho del turno de juristas del CGPJ, que se completará con la elección por el Parlamento de los doce magistrados que formarán parte del órgano de gobierno de jueces y magistrados.

Fuentes parlamentarias han indicado a Efe que el acuerdo para designar los doce vocales por el turno de jueces y magistrados podría cerrarse el lunes o martes para que en el Pleno de este último día quedara aprobado definitivamente.

Los cuatro propuestos por el Senado son la abogada Pilar Sepúlveda, la secretaria judicial María Ángeles Carmona, el catedrático Vicente Guilarte Gutiérrez y la diputada de CiU Mercé Pigem.

Al comienzo de la sesión de hoy, la diputada de UPyD Irene Lozano ha manifestado que no iba a participar en lo que ha calificado de “pantomima” y ha rechazado “el sistema de reparto de cuotas” de partidos con el que a su juicio se elige al CGPJ, tras lo cual ha abandonado la sala.

La candidata Nuria Díaz ha rechazado que su actuación en el CGPJ vaya a estar guiada por el servilismo a partido alguno y ha asegurado que defenderá la independencia de la justicia como poder del Estado con sentido de servicio público, y que procurará que en el Consejo no se trabaje por grupos sino mediante el diálogo.

Álvaro Cuesta ha asegurado que su militancia al PSOE y su trayectoria política no le va a condicionar en su labor de “defensa intensa” de la independencia judicial y ha realizado una “reivindicación pública de la política, en la que hay mucha grandeza y que no puede quedar empañada por episodios minoritarios”, y ha coincidido en que no concibe un CGPJ formado por bloques.

María Concepción Saez Rodríguez ha dicho que “si el poder judicial no es independiente no es poder en un estado democrático y de derecho y así es como debe actuar”.

Esta candidata ha hecho una reflexión sobre las tasas judiciales que acaban de cumplir un año ya que a su juicio están suponiendo un “drama” para personas sin recursos cuando “en una convivencia civilizada y democrática la justicia está para quienes tienen problemas tengan o no dinero”.

Enrique Lucas Murillo ha mantenido la “legitimación democrática” del sistema de elección parlamentaria del CGPJ, ya que “la justicia emana del pueblo” y ha destacado que el objetivo debe ser siempre garantizar la independencia de los jueces.

La posición de la representante de UPyD ha sido rechazada por los portavoces de los demás grupos en la comisión.

El diputado del PP José Miguel Castillo ha comentado que el amplio acuerdo parlamentario para renovar el CGPJ “marcará un antes y un después en el poder judicial en España para que sea más plural que nunca” y ha recordado que este órgano también “debe ser expresión de la soberanía popular.

El portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, ha indicado que el sistema de elección parlamentaria es el más respetuoso con la Constitución y ha recordado que “todos los poderes del Estado emanan de la soberanía del pueblo español”.

Por parte del grupo de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares estima que UPyD “confunde el órgano de gobierno político de los jueces con la jurisdicción y la independencia judicial”.