La comunidad católica salvadoreña afirma que reabrir el caso Romero da pie a acabar con la impunidad

Reabrir el proceso penal contra un capitán del Ejército salvadoreño por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980 es “muy positivo y da pie para acabar con la impunidad”, aseguró hoy a Efe María Teresa Alfaro, una de las fundadoras de la Comunidad de la Cripta de monseñor Romero.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador anuló este miércoles el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del magnicidio de Romero y cuyo paradero se desconoce.

“Es realmente positivo que se revocara el sobreseimiento para uno de los autores materiales, como lo es el capital Saravia; espero que esto signifique que los actos de criminalidad cometidos durante la guerra no van a quedar impunes”, manifestó Alfaro.

La “romerista” opinó que, una vez reabierto el proceso, la Fiscalía debe realizar investigaciones “objetivas y transparentes” porque “lo principal es que se conozcan los nombres de los responsables del asesinato, tanto de los autores materiales como intelectuales”.

“Esperamos que desde la Fiscalía, a la hora de aportar las pruebas, no sean negligentes y realicen la tarea que les corresponde a fin de conocer la verdad para que se pueda aplicar la justicia”, subrayó.

Además, pidió que el Ministerio Público “no beneficie al o a los responsables de este y otros crímenes que se cometieron durante la guerra y que hasta la fecha están impunes y a la espera de justicia”.

Agregó que como Comunidad de la Cripta de Monseñor Romero, quien nació el 23 de mayo de 1999 con el fin de reproducir el mensaje de Romero, realizarán una serie de actividades para informar a los fieles católicos sobre cómo transcurre dicho proceso penal.

El Juzgado Cuarto de Instrucción basó su resolución en una sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una ley de amnistía general en julio de 2016 y que impedía las investigaciones de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Además de este caso, otros como la matanza de 1.000 campesinos en 1981, conocida como masacre de El Mozote, se han reabierto por la anulación de la amnistía.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El arzobispo, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.