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La jueza investiga a Francisco Antonio Otero, marido de la portavoz del PPdeG
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, que lleva el caso de la llamada operación Pokemon, sobre posibles irregularidades en contrataciones municipales en varios Ayuntamientos gallegos, ha dictado un auto en el que recaba información sobre el marido de la portavoz del PPdeG, Paula Prado, exconcejala en Santiago de Compostela, Francisco Antonio Otero.
En su resolución, a la que ha tenido acceso Efe, la jueza Pilar de Lara considera que existen indicios que podrían determinar “la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y falsedad documental por la posible emisión de facturas falsas a los Ayuntamientos investigados”.
La instructora señala que, de los informes de Vigilancia Aduanera y las intervenciones telefónicas realizadas, “se infiere, al menos indiciariamente”, que Francisco Antonio “habría obtenido beneficios económicos en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos”, entre ellos los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón, “prevaliéndose de su relación matrimonial con Paula Prado del Río”.
Pilar de Lara señala en su auto que el investigado también habría utilizado “las influencias de otros concejales, tales como Ángel Luis Espadas Díez, quien fuera jefe del gabinete del Concello de Santiago (A Coruña), Adrián Varela Sarandeses y Albino Vázquez Aldrey”, ya exconcejal de la capital gallega.
La jueza baraja la posibilidad de que, “a fin de no involucrar su nombre como proveedor, habría utilizado a terceros intermediarios y facturado por medio de personas interpuestas” y que en estos hechos “también habría participado Alberto Quintana Vilarelle, delegado y responsable de la empresa SERMASA, en su delegación de Santiago de Compostela”.
También lo habría hecho la empresa Aquagest, ahora denominada Viaqua, “que tenía un elevado interés en que tras la marcha de Gerardo Conde Roa (como alcalde de Santiago), fuera Paula Prado del Río su sucesora y la empresa con participación pública Xestión Act. Deportivas e Espectáculos”.
Por ello, la jueza dispone que se contrasten estos indicios y demanda de los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón y a las empresas y personas relacionadas, que faciliten información de facturas emitidas y recibidas en los años 2011 y 2012 y se autoriza a diversas diligencias a los agentes de Vigilancia Aduanera.
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