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Una organización de abogados catalanes se querella en el Supremo contra miembros del TC

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Una organización de abogados catalanes se querella en el Supremo contra miembros del TC

Una organización de abogados catalanes se querella en el Supremo contra miembros del TC

La organización de abogados Drets ha presentado una querella en el Supremo contra los ocho magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que validaron la reforma de esta institución que la dota de capacidad para suspender cautelarmente a cargos públicos para obligarles a obedecer sentencias.

La querella va dirigida contra el expresidente Francisco Pérez de los Cobos y también contra los magistrados Juan José González Rivas (actual presidente), Encarnación Rova (actual vicepresidenta del TC), Santiago Martínez-Vares, Pedro Trevijano, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez.

La organización Dretx está encabezada, entre otros abogados, por Sergi Blázquez, letrado defensor del exdiputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs, a quien inhabilitó el Supremo para ejercer cargo público durante trece meses por prevaricar en relación con la consulta del 9N.

"Blindaron la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para dotarle de capacidad ejecutiva aún sabiendo que vulneraba las garantías del Estado de derecho", explica la nota de prensa, escrita en catalán, que los abogados han entregado a los periodistas en el Supremo cuando han llevado la querella esta mañana al registro del tribunal.

Fuentes del Supremo han explicado a Efe que ahora el alto tribunal debe decidir si existe o no delito y si, en caso de que existiera, hay indicios contra las personas inculpadas. Para ello la Sala de lo Penal del Supremo debería preguntar, en principio, al fiscal, sobre el asunto, aunque podría también inadmitir a trámite la querella, directamente.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fue reformada la pasada legislatura por la mayoría absoluta del PP para dotar a este tribunal de instrumentos que le permitieran obligar al cumplimiento de sus sentencias, en relación con el proceso independentista catalán.

Así, le permite a este tribunal imponer sanciones económicas cautelares de cierta entidad y también suspender provisionalmente a a altos cargos que incumplan sus fallos.

El Gobierno vasco y el catalán recurrieron esta reforma ante el TC, que validó el texto de la norma en una sentencia aprobada por la mayoría de sus miembros, concretamente con el voto a favor de los querellados en el texto entregado hoy al Supremo.

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