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El pacto con las pandillas sería una dejación del estado de derecho, dice Garzón

Baltasar Garzón dice que es necesario declarar inconstitucional amnistía salvadoreña

EFE

San Salvador —

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El exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón dijo hoy en la capital salvadoreña que un posible pacto o negociación entre las pandillas y el Gobierno salvadoreño sería una “dejación del Estado de derecho”.

De acuerdo con el jurista, el Gobierno salvadoreño debe “abordar una confrontación integral” contra la violencia, pero esto “no pasa por otorgarles la interlocución de actor en conflicto a la criminalidad organizada”, en referencia a las pandillas.

A inicios de junio los líderes de las dos principales pandillas, Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13), enviaron una carta manuscrita al Gobierno en la que proponían “establecer acuerdos” para “alcanzar la paz”.

“No vamos a negociar nada, no vamos a negociar los muertos de este país” con los pandilleros, respondió el ministro de Seguridad Benito Lara a mediados de julio, cuando se conoció públicamente la referida carta.

Las declaraciones de Garzón surgen en momentos en los que El Salvador vive por tercer día consecutivo un paro del transporte público de pasajeros incitado, según el Gobierno, por la pandilla Barrio 18, facción “Revolucionarios”.

Los mismos han “obligado” a los empresarios a detener los automotores mediante el asesinato de 7 chóferes en menos de 72 horas, la incineración de unidades, ataques armados contra las mismas y amenazas de muerte.

Debido a este contexto el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció ayer que “de seguir la situación” ordenaría el despliegue de todo el ejército en la zona central del país.

Para Garzón esta medida “no es la mejor opción” porque “hay que abordar otros ítems previamente y convertir a la lucha contra el crimen organizado en una política de Estado”.

El exjuez de la Audiencia Nacional de España se encuentra en El Salvador para participar en un seminario internacional titulado “Derechos Humanos, Memoria y Justicia ante Crímenes Internacionales”, organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país (PDDH).

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