La base parlamentaria de Temer olvida la corrupción y avanza en el ajuste

El oficialismo brasileño dejó atrás hoy la crisis generada por el juicio por supuesta corrupción abierto contra el jefe del Senado, Renán Calheiros, y aceleró hacia la aprobación de un polémico ajuste fiscal propuesto por el Gobierno.

“Es momento de concentrarse en las materias que el país tiene que debatir para superar la crisis económica”, declaró Calheiros en una acalorada sesión con la que el Senado retomó sus trabajos tras dos días virtualmente paralizado por su delicada situación judicial.

La nueva crisis se instaló en el Parlamento la semana pasada, cuando la Corte Suprema abrió una causa penal contra Calheiros por supuesta corrupción y lo convirtió en el primer presidente del Senado brasileño enjuiciado durante el ejercicio de esa función.

El pasado lunes, la situación se agravó con la decisión de un juez del Supremo de suspender a Calheiros de su cargo a través de una medida cautelar ignorada por la Mesa Directiva del Senado y luego anulada ayer miércoles por el pleno de la misma corte.

Calheiros es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el presidente brasileño Michel Temer, y un cambio en la jefatura del Senado podría haber obstaculizado la aprobación del ajuste fiscal, rechazado por la oposición.

Si la cautelar era mantenida, Calheiros habría sido sustituido por el vicepresidente del Senado, Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto y que califica a Temer de “golpista”.

Ante la crisis política causada por la situación de Calheiros, que llevó a cancelar las sesiones de la Cámara alta durante tres días, la senadora comunista Vanessa Grazziotin presentó hoy una solicitud formal para suspender los debates sobre el ajuste fiscal.

La propuesta, respaldada por la minoritaria oposición, generó un enorme alboroto en el Senado pero fue rechazada por 48 votos frente a doce, garantizados por la mayoritaria base política del Gobierno.

El jefe del grupo del PT, Humberto Costa, protestó ese resultado y dijo que fue apoyado por “los que no quieren ver el momento que vive Brasil”, con “un agravamiento de una crisis institucional que se deriva de la crisis política causada por un Gobierno ilegítimo”.

Según Costa, desde que Temer sustituyó a Rousseff en el poder “los niveles de empleo empeoran, la economía se frena y ya no existe el combate a una corrupción que se exacerba”.

Añadió que, con las severas medidas de austeridad que ha propuesto el Gobierno, “la actividad económica, que se frena más cada día, se paralizará por completo” y se arrastrará al país hacia una “convulsión social”.

Costa fue respaldado por otro senador del PT, Lindbergh Farias, quien aludió a la situación judicial del presidente del Senado e insinuó que la decisión del Supremo que derrumbó la cautelar que lo suspendía fue producto de un “gran acuerdo” para “avanzar” en el ajuste.

Según Farías, tras ese supuesto “acuerdo”, Calheiros ahora “tiene que entregar la mercancía”, que “es la aprobación de esas medidas que llevarán al país a la ruina”.

La principal de las votaciones del ajuste fiscal está prevista para la próxima semana y se refiere a un proyecto que propone establecer un límite al aumento del gasto público anual, en función de la tasa inflación del ejercicio inmediatamente anterior.

La propuesta del Gobierno dice que ese límite deberá regir por un lapso de veinte años, aunque pudiera ser revisado en los primeros diez, lo que ha generado fuertes protestas en la oposición y en los movimiento sociales.

Según los adversarios de Temer, en la práctica esa propuesta congelará los presupuestos del Estado, pues impedirá aumentos reales del gasto y llevará a fuertes recortes en áreas sociales sensibles, como la educación, la salud y la atención a los más pobres.

La oposición volvió a esgrimir hoy esos argumentos, pero el presidente del Senado se mostró firme y garantizó que la votación de ese asunto será realizada “el próximo día 13, según un calendario ya aprobado y que no puede ser alterado”.