Unos 1.500 policías controlan la lectura de la sentencia de la matanza en Paraguay

Unos 1.500 policías han sido situados en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Asunción, donde hoy se han reunido unas 500 personas para escuchar la sentencia integra de la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó 17 muertes y el cese del entonces presidente del país, Fernando Lugo.

La actuaria del tribunal procede a leer las argumentaciones y fundamentos de la sentencia, cuyo fallo se dio a conocer el pasado lunes y por la que 11 personas fueron condenadas a penas de entre 4 y 30 años de cárcel.

Los efectivos policiales se encuentran repartidos dentro y fuera del Palacio de Justicia, mientras que en las azoteas de los edificios vecinos hay apostados agentes armados y encapuchados.

Hay además centenares de personas que siguen la lectura de la sentencia desde la plaza, entre ellas familiares de los condenados, militantes de grupos de izquierda y público.

El estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) dijo a Efe que presentarán una protesta pidiendo la retirada del personal policial posicionado en los edificios porque su presencia “no corresponde” con este tipo de actos.

Roque Orrego, del MNP, dijo además que la Policía ha detenido a ocho personas en los alrededores de la plaza por portar supuestamente armas blancas y balines de goma.

Las once personas que fueron condenadas el pasado lunes estaban acusadas de varios delitos, algunos de ellos por las muertes de los 6 policías fallecidos en la masacre

La Fiscalía nunca investigó las de los once campesinos muerto la matanza.

Cuatro de los condenados recuperaron el martes su libertad al cumplir sus penas (cuatro años de prisión) con la reclusión preventiva que mantenían desde el 2012.

El caso Curuguaty (este) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías).

La matanza de base al entonces opositor y hoy gobernante del Partido Colorado para impulsar la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).