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La última votación 'exprés' en el Parlament fue por el caso Palau y se apoyó por unanimidad

La última votación 'exprés' en el Parlament fue por el caso Palau y se apoyó por unanimidad

EUROPA PRESS

BARCELONA —

El artículo 81.3 del reglamento del Parlament que han invocado JxSí y la CUP para la aprobación 'exprés' de la ley del referéndum se usó por última vez el 17 mayo de este año, cuando todos los grupos se pusieron de acuerdo para alterar el orden del día del pleno e incluir una votación sobre el caso Palau.

Entonces, SíQueEsPot y la CUP pidieron a última hora incluir la votación de dos propuestas de resolución para instar al Govern a ejercer de acusación particular contra CDC en el caso: todos los grupos votaron a favor de abordar la iniciativa.

Los grupos también acordaron entonces prescindir de algunas tramitaciones reglamentarias para agilizar la votación: se redujo el periodo de enmiendas de siete días a hora y media, y se omitió su publicación en el Butlletí Oficial del Parlament.

Cs, PSC, SíQueEsPot y PP apoyaron esta iniciativa, aunque entonces ya pidieron a JxSí y la CUP que no utilizaran este precedente para justificar después una hipotética aprobación de iniciativas independentistas.

Este miércoles, los citados grupos no independentistas se han opuesto en bloque a la invocación del artículo 81.3 para aprobar la ley del referéndum, así como para prescindir de algunos trámites parlamentarios básicos: concretamente, se ha vetado el debate a la totalidad y la petición de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

El 81.3 obliga a los grupos a que una ley incluida a última hora en el orden del día siga los trámites habituales --como presentar enmiendas y pedir dictamen al CGE--, 'salvo un acuerdo explícito en sentido contrario por mayoría absoluta', de la que han hecho uso JxSí y la CUP.

CASOS DIFERENTES

La ley del referéndum y las proposiciones del caso Palau no son comparables en cuanto a su rango legal, y la lógica para su trámite de aprobación es distinta.

La norma que regula el referéndum previsto para el 1-O tiene una traducción legislativa --el Govern debe aplicarla--, que es algo de lo que carecen las propuestas de resolución, que funcionan más como una declaración o instancia al Govern.

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