Castilla y León pide que la despoblación sea un criterio para los fondos estructurales

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, pidió hoy que la despoblación sea un criterio de valoración para conceder los fondos estructurales en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor cuando concluya el actual en el año 2020.

“Hace falta que en las próximas perspectivas financieras sea uno de los criterios de valoración de dotación de fondos estructurales. Eso es ya lo que falta. Que cuando se elaboren las perspectivas aparezca la despoblación como un criterio para primar en la dotación de fondos europeos”, declaró Clemente antes de intervenir en un seminario sobre la materia en el Comité de las Regiones.

Clemente se mostró esperanzada de que se consiga dar “ese paso definitivo” y subrayó que España está planteando que la reducción de habitantes en el Viejo Continente sea un factor a la hora de distribuir los fondos europeos.

La presidenta de las Cortes de Castilla y León acudió a Bruselas como líder del grupo de trabajo en el que participan 16 parlamentos regionales de cinco países (España, Bélgica, Italia, Portugal y Alemania) con el objetivo de proponer medidas para combatir la despoblación y atenuar los efectos del envejecimiento.

Reconoció que “va a haber mucha dificultad en el reparto de los fondos europeos” por los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

“Por lo tanto, es el momento de generar una prioridad sobre las medidas que deben combatir la despoblación en Europa y que concretamente a Castilla y León le afecta de una manera muy importante, muy seria”, afirmó.

Aseguró que la inclusión en la agenda comunitaria de la despoblación y el envejecimiento “representa en buena medida el futuro de nuestra Comunidad” Autónoma y recalcó que actos como el de este jueves pretenden generar “una conciencia en la Comisión (Europea) de que este es un problema grave”.

“Es imprescindible adoptar medidas cuanto antes porque si las medidas se adoptan muy tarde no tendrá solución”, dijo en referencia a la despoblación.

Clemente declaró que desde noviembre de 2016, cuando se puso en marcha el grupo de trabajo, han conocido casos prácticos de organizaciones gubernamentales y privadas con “muy buenos resultados en el medio rural”, al emplear “sectores de crecimiento económico” ligados a la agricultura, la agroalimentación, el sector forestal y el turismo.

En cualquier caso, afirmó que será el poder ejecutivo (los gobiernos) y no el legislativo (los parlamentos) el que deberá decidir si las medidas más adecuadas para frenar la despoblación son incentivos económicos a la creación de empresas o a las inversiones, o bien beneficios fiscales y laborales u otras alternativas.

Clemente también precisó que el próximo noviembre, cuando finalice el periodo de un año concedido al grupo de trabajo sobre despoblación, pedirá una prórroga de doce meses para que siga activo hasta finales de 2018.

En el seminario, Clemente también estuvo acompañada por el eurodiputado del Partido Popular Agustín Díaz de Mera y los parlamentarios de las Cortes de Castilla y León Ángel Ibáñez (PP), Virginia Barcones (PSOE) y David Castaño (Ciudadanos).